El aprecio por el petróleo se traduce hoy en el desprecio por la democracia, al menos en su capítulo electoral.
Si el canje impuesto por el panismo y aceptado por el priismo era el apoyo tricolor a la Reforma Electoral a cambio del apoyo albiazul a la Reforma Energética, ya pueden Gustavo Madero y compañía preguntarse si nos les dieron petróleo con el dedo. A ritmo de marcha, la reforma constitucional en el rubro energético fue aprobada, validada y promulgada. En contraste, la reforma constitucional en el rubro electoral avanza a paso lento.
Dando y dando el panismo se quedó volando, por lo pronto, y, lo peor, también quedó volando el régimen electoral que, descuadrado a nivel constitucional, tiene hasta el próximo 30 de abril para cuadrarse de nuevo al nivel reglamentario. Albur legislativo que, mal resuelto, provocará un margallate en los comicios de 2015.
Hay una salida al mazacote legislativo electoral que, en su prisa por cobrar la recompensa, impulsó el panismo hasta el final.
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Con fallas de origen y alcance limitado de inmediato, sin concepto ni objetivo pero, eso sí, rica en ocurrencias y en perversidades, la legislación aprobada en vez de reformar, deformó el régimen electoral.
Resultado de la precipitación por recibir su parte en el trueque de la Reforma Electoral por la Energética, el panismo y el perredismo (que se echó para atrás al final) elaboraron un galimatías legislativo que el priismo dejó pasar porque, a la postre -es conjetura-, lo frenará si no quiere ser copatrocinador y probable víctima de un engendro que resta certidumbre y certeza jurídica a las elecciones.
¿Por qué la conjetura? Porque apenas se planteó la idea de crear un Instituto Nacional de Electoral encargado de organizar todos los comicios y, en esa medida, de borrar a los institutos estatales, los gobernadores echaron abajo la idea. Tan disciplinados que se muestran los gobernadores, es inverosímil que hayan actuado por cuenta propia. En la ingenuidad, el panismo siguió adelante con el proyecto que ya limitado sólo podía dar lugar a un órgano electoral híbrido y con malformaciones.
Si, desde su origen, se frenó la idea original del proyecto, se puede conjeturar que se frenará el mazacote, retrasando o boicoteando la validación y la promulgación de la reforma constitucional.
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A la contundencia de los señalamientos de especialistas como José Woldenberg y Jorge Alcocer en relación con los peligros implícitos en la contrahecha enmienda constitucional se suman las demoledoras "observaciones a la minuta de Reforma Electoral" formuladas, el pasado 5 de diciembre, por el conjunto de los cuatro consejeros del falleciente Instituto Federal Electoral: María Marván, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños.
Esas críticas llegan a varias conclusiones. La reforma, en vez de fortalecer, debilita el régimen electoral. Genera incertidumbre y resta certeza al proceso. Abre la puerta a la discrecionalidad de la autoridad electoral y, por lo mismo, le resta legitimidad a los comicios. Pone en peligro la operación de las elecciones, de todas elecciones. Pero eso no es todo.
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Al elevar el porcentaje a 3 puntos para que las nuevas agrupaciones obtengan su registro como partido, no amplía la pluralidad y la democracia: la reduce al tiempo que monopoliza la política. Cierra puertas, no las abre.
Al dejar sin precisión y claridad las competencias del INE y de los órganos estatales, se duplican y confunden las facultades. Hecho que en vez de abaratar, encarecerá todavía más la democracia. (Un dato escalofriante: el año entrante los partidos recibirán como prerrogativas federales poco más de 4 mil millones de pesos y como prerrogativas estatales más 2 mil 500 millones de pesos. Ahí se entiende por qué querían desaparecer los órganos estatales, pero no los partidos estatales. Una incongruencia contante y sonante.)
La reforma constitucional destaza el Código Federal Electoral y, por consecuencia, obligará a elaborar diversas leyes que ya estaban articuladas en el código. Esto sin contar los necesarios ajustes a los respectivos códigos estatales. Con más oficio de tablajero que de legislador, se hizo cachitos la legislación electoral.
Al fortalecer y radicalizar las causas de nulidad de las elecciones, la oposición expuso el concepto de sí misma: oposición eres y oposición permanecerás. No animan la competencia, sino la incompetencia. No plantea cómo ganar, sino cómo anular al contrincante. La mediocridad elevada a rango constitucional.
Los bemoles de la Reforma Electoral son muchos. Uno singular, descubierto por Jorge Alcocer: la elección de 2015 se realizará el primer domingo de junio, la de 2018 el primer domingo de julio. De ese tamaño es la incertidumbre.
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En el desbocamiento del panismo por cobrar su recompensa electoral y del priismo por asegurar la Reforma Energética, en el artículo segundo transitorio de la Reforma Electoral se dieron un tiro en los pies con que legislan: fijaron el 30 de abril como límite para aprobar las leyes reglamentarias.
En principio, el Congreso cuenta con cuatro meses para enderezar el mazacote, pero reman contra esa posibilidad varias cuestiones: la reforma electoral lejos está de concluir su trámite legislativo y remediar en las leyes el parche en la Constitución es un peligro. Aunado a ello, el embudo legislativo no da para atender debidamente el caudal de reglamentos pendientes. Y, llegado el caso, operar la elección 2015 con el código vigente sin sintonía con la Constitución va a plantear mil y un problemas.
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Hay una salida. Cosa de recordar la resolución favorable de la Suprema Corte a los recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Reforma Electoral emprendida en Colima, hace cinco años. Los ministros anularon la reforma, entre otras razones, porque no se deliberó suficientemente por parte de los legisladores. ¿Presentará algún grupo de legisladores ese recurso o nada importa desbaratar el régimen electoral?
