Se les llama aprobatoriamente "autodefensas". Son paramilitares. Grupos armados que se encuentran fuera de la estructura estatal que, sin embargo, son tolerados por el Estado mexicano. Organizaciones que se han constituido al margen de la ley para ejercer funciones que corresponden únicamente al Estado. Funciones que son tan esenciales como indelegables. La dramática situación en Michoacán hace ver a estos paramilitares como una salida a la crisis de seguridad. La única viable, la única posible. La seducción paramilitar puede ser una tentación comprensible en la desesperación de una guerra pero, como política, es demencial. Es cierto que, ante la ausencia del Estado, ante la inacción y la complicidad de los gobiernos, la única salida parece ser el heroísmo. Armarse y enfrentar directamente a los criminales. Si el castigo no viene del Estado, imponerlo directamente.
Entendible como reflejo colectivo, comprensible como consecuencia del drama humanitario que vivimos, la salida paramilitar es suicida como política de Estado. No puede el Estado mexicano--si es que le interesa seguirlo siendo, si es que busca realmente la pacificación--aprobar la existencia de organizaciones que pretenden hacer justicia por propia mano. Lo que en el corto plazo parece ayudar a debilitar a los grupos delincuenciales más crueles, en el mediano plazo es lo contrario: perpetuación de la ilegalidad, del crimen, ensanchamiento de la vulnerabilidad. La experiencia internacional es contundente: la paramilitarización no soluciona nada: es la perpetuación de la violencia, su mayor aliciente. Pero el gobierno federal parece tan confundido, tan desesperado que ha llegado a considerar que el paramilitarismo puede colaborar con la pacificación del país.
A un año de asumir el poder, el gobierno de Enrique Peña Nieto no sabe aún qué hacer para encarar la crisis michoacana. No hay siquiera una estrategia. El propio Comisionado Nacional de Seguridad reconoce que el problema es tan complejo que no sabe aún cómo enfrentarlo. En relación con el paramilitarismo, el comisionado no defiende una posición clara del gobierno mexicano porque no existe. En entrevista con José Cárdenas, Manuel Mondragón revelaba la confusión gubernamental. En los grupo de autodefensas, decía, "tenemos de todo: muy autóctonas de la ciudadanía, tenemos autodefensas que son rechazadas por la ciudadanía y las comunidades; hay autodefensas que en un momento dado pudieran estarse identificando con otros miembros del crimen organizado antagónico al anterior, otros son verdaderamente gente que ha querido participar y que la ciudadanía le apoya". Al parecer, a juicio del funcionario, hay paramilitares buenos que representan una esperanza para las comunidades, unos son sospechosos y otros francamente malos. Lo notable de esta tipología oficial del paramilitarismo es que separa estos grupos por el respaldo social que tienen. Al parecer, si las autodefensas son populares, el gobierno puede (o debe) ignorar su carácter ilegal. La clasificación es reveladora: muestra la ausencia de un auténtico rasero de Estado para lidiar con la ilegalidad. Trivial sociología de la violencia para justificar la abdicación de las responsabilidades esenciales.
El enredo del Secretario de Gobernación no es menor. Miguel Osorio Chong ha aceptado que negocia con los grupos de autodefensa michoacanos y que protege a uno de sus líderes. Lo hace porque el llamado Consejo Ciudadano de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán "ha lastimado a los cárteles, particularmente a los Templarios." Ese es el fundamento de la colaboración del gobierno federal con los paramilitares: los ayudamos porque golpean a los cárteles del crimen organizado. Más aún, el Secretario confiesa que ha entablado negociaciones con ellos. "Venimos teniendo un buen entendimiento" con ellos, declara abiertamente el Secretario de Gobernación. Queremos que estén dentro de la legalidad--pero aún violándola como lo hacen abiertamente todos los días, nos entendemos con ellos. Recordemos que han lastimado a los templarios.
Es imposible exagerar la gravedad de la crisis de seguridad en el estado de Michoacán. Por eso mismo es indispensable claridad y aplomo en la estrategia del Estado mexicano. El fomento de la ilegalidad, la bienvenida a los ejércitos privados, la negociación con las milicias particulares es la ruta al caos. Si es comprensible la desesperación de la gente, no es admisible la precipitación, la ligereza del Estado.
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