La iniciativa legislativa impulsada por una fracción del grupo parlamentario perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal busca transformar radicalmente el combate al consumo de mariguana: pasando de la criminalización, persecución y castigo a la de prevención, reducción de riesgos y atención a la salud.
Los legisladores, en coordinación con expertos y organizaciones de la sociedad civil, encontraron los espacios en la legislación federal para transitar de una política penal a una política de salud pública. A pesar de las limitaciones lograron hacer una propuesta interesante y suficientemente audaz para modificar totalmente los términos del debate en la materia.
Como señaló Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia: "el objetivo no es promover el consumo ni el comercio de la mariguana sino evitar que se siga criminalizando a los consumidores."
Los legisladores Vidal Llerenas y Esthela Damián logran este propósito a través de una iniciativa de reformas a la Ley Para la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal, que como ellos mismos señalan en su exposición de motivos "consiste en crear un mecanismo de separación de mercados para que los usuarios de cannabis no estén expuestos ni a otras sustancias psicoactivas ni a los peligros del mercado negro y la delincuencia organizada. La propuesta es establecer un Sistema para la Reducción de Riesgos y Daños en el Aprovisionamiento y Uso de Substancias Psicoactivas Ilícitas (SiRe) que cuente de tres grandes componentes: a) un sistema de priorización de la persecución de delitos; b) un sistema de información a usuarios que les permita mejor proteger su salud (SIRRD); y c) un sistema de atención focalizada a la población más vulnerable de incurrir en usos problemáticos de la cannabis y otras drogas (Comisiones de Disuasión)."
Así aprovechan los espacios que les brinda el artículo 21 de la Constitución federal, que plantea que cada entidad federativa tiene la facultad de elegir cuáles serán sus prioridades en la persecución de delitos, para en los hechos permitir libremente la posesión hasta de 5 gramos de mariguana, que considera totalmente para consumo personal; eliminar el castigo de prisión para quienes porten desde seis gramos hasta cinco kilos de mariguana, exclusivamente con fines de consumo -no para comercialización- y someterlos a una comisión de disuasión, que "tendrán por tendrán por objeto proporcionar, a las personas que a ellas asistan, la información y el apoyo técnico para advertir o minimizar los riesgos o daños asociados al consumo de substancias psicoactivas y su aprovisionamiento."
Así en los hechos la iniciativa sí liberaliza el consumo de mariguana y para el abastecimiento de la misma "las Medidas Mínimas de Reducción de Riesgos y Daños incluyen la separación estricta de mercados; que la venta se realice exclusivamente en lugares designados por la autoridad como espacios para el abastecimiento seguro; que el producto no esté adulterado y que el suministrador de la substancia provea información adecuada y suficiente sobre los daños posibles del consumo incluyendo poner a la vista del público el Semáforo para la Reducción de Riesgos y Daños que emita el Instituto; que los usuarios sean informados sobre el estatus legal de la substancia, y toda medida adicional que minimice la exposición de los usuarios al delito o la violencia."
Los autores de la iniciativa reconocen que hay varios aspectos que no pueden atender, por las limitaciones en la legislación federal, como son la forma en que el vendedor adquiere la mariguana y mucho menos el cultivo de la misma o contemplar lo relacionado con su uso medicinal. Otro aspecto pendiente es lo relativo a la educación, aspecto fundamental si se quieren prevenir las adicciones y el consumo de drogas.
Los legisladores están conscientes de las limitaciones que tiene su iniciativa, fundamentalmente por las competencias establecidas en la Constitución, y también de la importancia de buscar la construcción de una política integral y lo señalan explícitamente en la iniciativa que pretenden presentar ante el Congreso de la Unión: "Idealmente, la política de drogas y la regulación del mercado de sustancias psicotrópicas debería de ser integral. Esto es, debería de contemplar, al menos prevención, educación, provisión de información sobre uso que reduzca riesgos y daños (tanto para el usuario como para terceros), el control sanitario de la producción y procesamiento de los productos, el control sanitario de los puntos de distribución, la regulación comercial de los puntos de distribución y la canalización a servicios de salud para tratamiento en casos en que se detecte uso problemático o adicción."
Así la iniciativa que presentan ante la Asamblea Legislativa llega hasta donde hoy materialmente pueden llegar, dado lo limitado de sus competencias; pero incluso se atreven a proponer ensanchar éstas con propuestas de reformas legislativas a nivel federal.
En estos momentos es difícil pronosticar el destino de esta iniciativa, pues legisladores de su mismo partido ya se manifestaron en contra de la misma, pero su sola presentación y la discusión que inevitablemente se dará al respecto ya es un gran avance, pues es un tema en el que prevalecen los prejuicios y el conservadurismo, a pesar del evidente fracaso del enfoque tradicional.
Además de los obstáculos que enfrentarán dentro de propia Asamblea Legislativa habrá que vencer las eventuales resistencias del Ejecutivo Federal, grupos parlamentarios y, eventualmente, el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede llegar a resolver algún recurso. Pero en cualquier caso la iniciativa contribuirá a implantar un nuevo paradigma para combatir el consumo de drogas y las adicciones.
