La sagrada nómina municipal se resiste a dejar de ser noticia en la administración de Miguel Riquelme. A la aparición y posterior desaparición del nombre del hermano del alcalde se suman otros casos que comienzan a despertar algo más que intriga entre el respetable público espectador de la cosa pública. Nuestros subagentes infiltrados en la Matrix del ayuntamiento nos informan que Luis Campos González, director de Informática y, a la luz de lo evidenciado en este diario, ave de las tempestades del momento, tiene nada más y nada menos que a su hermana, de nombre Maricela, trabajando como secretaria en la dependencia que él encabeza. Las malas lenguas dicen que don Luis, al ver que el nombre del hermano del alcalde aparecía hasta la semana pasada en el directorio telefónico, a lo mejor creyó que no tenía nada de malo dicha situación.
El asunto es que los hermanos Campos González tienen años cobrando -perdón, trabajando- juntos dentro del ayuntamiento. En los tiempos de Eduardo Olmos se encontraban en la Dirección de Autotransporte, él como titular, ella como subjefa de Inspección, aunque dicen los que saben que a ella le llamaban “La Jefa”. Es decir que, al menos en este aspecto, la administración de Riquelme parece ser no muy distinta a la de don Lalo. Pero hay otros ejemplos, como el de Ruth Idalia Ysáis Antuna, quien aparece como directora de museos en el Instituto Municipal de Cultura, y su hijo Arturo García Ysáis, como coordinador de uno de esos espacios culturales, al menos así se observa hasta la última nómina disponible, que es la de marzo. Debido a la línea de mando directa que hay en los casos anteriores, estos son los más espinosos. Sin embargo, hay otros familiares de funcionarios de primer nivel repartidos por varias dependencias. Tal es el caso de los hermanos Fernando Alberto y Mariana Segovia Mota, sobrinos del mismísimo tesorero Enrique Mota Barragán, quienes cobran en la Secretaría del Ayuntamiento, el primero, y en el Instituto Municipal de Planeación, la segunda. O del propio hijo de Campos, Luis Alberto Campos Hinojosa, quien cobra como director de Planeación Urbana, también en el Implan que encabeza el excrítico Eduardo Holguín. Con estos casos, los maldicientes empiezan a cuchichear que el actual ayuntamiento es lo más parecido a una familia feliz, aunque la ley diga que familiares hasta el cuarto grado nomás no.
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Por cierto, de estos “detallitos” de la sagrada nómina poco o nada han dicho los ediles de oposición del Cabildo de Torreón, sobre todo los panistas, quienes cuentan con el mayor número de escaños luego de los priistas. Nuestros subagentes disfrazados de limpiaventanas del mayor aparador y horno de la ciudad (entiéndase Palacio Municipal), nos comentan que esta postura o, mejor dicho, ausencia de postura de los albiazules se debe a que cada quien pertenece a tribus distintas del panismo local y todos quieren sobresalir, por lo que el liderazgo del jefe de la bancada, Sergio Lara, queda como un cuadro más en la pared. Y precisamente de Lara se dice que es afín a los zermeñistas; de Verónica Soto, a los perecistas, y de Gabriela Casale, también conocida como Lady Cabildo por su refinado gusto, a los anayistas. De Ángela Campos comentan que es pupila de la aguerrida exsíndica y virtual candidata a una diputación, Natalia Virgil; y de Ignacio Corona, alias “el Tarzán de las nóminas”, porque del hueso federal brincó al municipal, se dice maliciosamente que pertenece al grupo riquelmista que ya existe dentro del PAN. Lo cierto es que todos, a pesar de sus diferencias, parecen estar en constante competencia por agradar al jefazo Miguel Riquelme y que, incluso, hasta llegan a derrotar en adulaciones a los propios priistas. Debido a esto, hay quien dice que deberían cambiar la “n” de panistas por “p”, por aquello de que son más papistas que el Papa.
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Los sabios del sufrido pueblo han levantado la voz para sugerir que se imponga como regla en el idioma polaco regional una antigua costumbre: cuando un político o autoridad dice que no pasará lo que se teme que va a pasar, quiere decir que sí va a pasar. Esta norma ahorraría muchas penurias a los ciudadanos. Tal es el caso de los problemas de sequía que azotan en estas fechas de harto calor a varias colonias del área conurbada. Y es que todos los años los jefazos de los sistemas de agua o los propios alcaldes lanzan la misma cantaleta antes del inicio del estío: “con el mantenimiento que estamos aplicando a las norias, vamos a garantizar el abasto de agua para la temporada de calor”. Pero, invariablemente, esa garantía queda en peor posición que la de un producto electrónico “made in China”. Este año, el munícipe de Torreón, Miguel Riquelme, montado en las olas de la transición y las altas expectativas, juró y perjuró que ya no habría problemas de agua en la ciudad. Pero esta semana se ha podido advertir que la historia de antaño pinta para repetirse y que, incluso, colonos han tenido que bloquear calles para pedir auxilio, aunque sea de camiones pipa, porque ya les urge darse una refrescada. Es decir, el cuento de nunca acabar, pero repotenciado. En Gómez Palacio ha ocurrido algo similar con la particularidad de que el alcalde José Miguel Campillo fue director del sistema municipal de aguas, por lo que aquí bien queda el dicho de que hasta el mejor mono se le cae el zapote. Pero lo que resulta más preocupante (y aquí todos ponemos rostro de preocupación) es que los problemas de desabasto de agua se hayan extendido ahora al territorio De Villa -Luis, no Pancho-, es decir, al pueblo casi mágico de Lerdo, en donde la crisis por la que atraviesa el organismo operador -situación que lo hermana con las empresas de agua de Torreón y Gómez Palacio- tiene actualmente a más de 20 colonias sin el líquido vital. Todo este desbarajuste obliga hasta al más indiferente a preguntarse ¿qué está pasando con los sistemas municipales? ¿En qué han quedado los millones de pesos invertidos en norias, tanques y redes? Esperemos que don Miguel y don Luis no se contagien del mal de don Pepe y salgan a decir también que la culpa es del usuario que no paga un servicio que no tiene.
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Un auténtico embrollo burocrático se ha convertido el nuevo Servicio Médico Forense, bonito elefante blanco ubicado al oriente de la ciudad de los grandes esfuerzos -aunque no siempre rindan frutos. Y es que, como usted ya sabrá, enterado lector, dicho edificio fue terminado desde noviembre de 2013, pero hasta ahora no ha sido abierto ya que carece de -pequeño detalle- servicios de agua, drenaje, electricidad y, por si fuera poco, mobiliario. Para el presidente del comité del Fideicomiso de Seguridad Pública, Juan Adolfo von Bertrab, todo parece muy fácil: basta con que se pongan de acuerdo con la Procuraduría de Justicia de Coahuila para concretar la entrega-recepción. Pero nuestros subagentes disfrazados de “muerteros” nos informan que hay asuntos más escabrosos involucrados en la demora de la apertura de la nueva morgue. Dicen que la verdad del caso es que la Procuraduría no quiere recibir la obra porque, adivine usted, está defectuosa: el piso de porcelanato está fracturado. Más allá de la natural pregunta de ¿cómo es posible que ocurra esto en México?, lo cierto es que la autoridad estatal se está haciendo pato para no exigirle a la empresa que corrija las fallas, para lo cual sólo falta la inspección, recibir la obra en forma y plantear la exigencia. Y como prueba de sus acciones dilatorias es que a la fecha no ha licitado la compra del mobiliario y tampoco ha tramitado los contratos para los servicios que faltan. Pero, como decía aquel filósofo de las masas, Raúl Velasco, “aún hay más”. Resulta que todo el agrio espectáculo de la tardanza se debe a que la Procuraduría quiere despedir a todo el personal que actualmente trabaja en condiciones deplorables en el anfiteatro del Hospital Universitario. Por lo que, según dicen, hasta que no concrete tal corte de guadaña, no habrá nuevo Semefo funcionando. Mientras tanto, que los deudos de los muertitos -que sigue habiendo, aunque no lo crean las autoridades- le hagan como quieran.
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Y así como se tiene congelada la apertura de la nueva morgue, el Congreso de Coahuila ha metido en la nevera a las comisiones especiales creadas para atender problemáticas específicas como la obesidad, el desabasto de agua, programas sociales y deuda pública. Fiel a la fama de la dependencia legislativa estatal, ninguna de ellas presenta avances y los planes de trabajo o metodologías son un misterio digno de Sherlock Holmes. El compromiso de los ocupantes de las hamacas -perdón, curules- fue que una vez creadas las mentadas comisiones, ofrecerían resultados de estudios que servirían de base para dictar políticas públicas con el fin de erradicar o aminorar el problema (note usted la destreza de este agente en el argot diputadil). Sin embargo, es fecha que los aficionados a los asuntos públicos ignoran el trabajo que se realiza -si es que se realiza- y la metodología que siguen -si es que la tienen. En la página oficial del Congreso del Estado hay un apartado especial para estas comisiones, pero lo único que aparece al hacer clic es el nombre, su misión e integrantes. Lo bueno de toda esta simulación es que Coahuila sigue siendo campeón de aquella máxima política que dice: si quieres que algo nunca se resuelva, crea una comisión.
