Las condiciones y la atmósfera políticas ya no son las del inicio del sexenio. Son mucho más complejas. La expectativa generada con el anuncio y la aprobación constitucional de las reformas y los magros o contradictorios resultados en su reglamentación o su instrumentación urgen un cambio de estrategia.
Ahora, en la adversidad económica y política, acicateada por el descontento social y los prolegómenos de la próxima temporada electoral, el gobierno y su partido están impelidos a demostrar que pueden concretar su proyecto y, con ello, darle sentido a la segunda alternancia en la Presidencia de la República.
El tamaño del desafío es enorme. Exige reconocer: uno, la interlocución con la derecha y la izquierda cambió ya su pivote; dos, la operación política en el Senado de la República no se advierte eficaz; tres, la confrontación entre los poderes fácticos en cualquier momento puede dirigir sus baterías hacia quien provocó su confrontación; cuatro, sectores e individualidades de la sociedad cobraron conciencia de su marginación, pero también de su fuerza y su capacidad para irrumpir en la escena, y cinco, la inseguridad y la violencia criminal así como la político-social en cualquier momento pueden desestabilizar aún más la situación.
Si el gobierno y su partido insisten en operar sólo a nivel de cúpulas y en hacer de la propaganda el eje de su comunicación y discurso, más pronto que inmediatamente se verán entrampados en el estancamiento que, desde años, vulnera las posibilidades del país.
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Sin subrayar el absurdo de convocar a tres períodos extraordinarios sin contar con un solo dictamen legislativo, mientras Acción Nacional no elija a su nuevo dirigente, la interlocución del gobierno con esa fuerza es una charada y cualquier negociación tendrá un carácter frágil y provisorio.
Si el panismo condenó la Reforma Energética a la aprobación de la Reforma Político-electoral, esa fuerza practica algo que antes criticaba con enjundia: tomar al país como el rehén de su interés. En tal circunstancia, reemprender negociaciones con los albiazules exige, verdad de Perogrullo, contar con un interlocutor y reconocer las condiciones de la interlocución.
Aun si Gustavo Madero mantiene la dirección de Acción Nacional, sin duda, endurecerá la postura frente al gobierno. Si bien Madero supo transformar su debilidad en fortaleza, sobrevivir a la embestida del calderonismo residual a partir de colaborar con el gobierno, el próximo dirigente albiazul tomará distancia del gobierno. Dictan esa postura dos cuestiones: el mandato y la legitimidad de aquél derivarán del voto de la militancia (no de la interlocución) y las elecciones del año entrante llevarán, por naturaleza, a marcar diferencias, no coincidencias con el gobierno. Los términos de la negociación del gobierno y el panismo serán otros.
El perredismo también está obligado a cambiar el tono de su relación con el gobierno. La inminente incorporación del lopezobradorismo a la escena político-electoral demanda al perredismo cuidar su capital y, en esa tesitura, endurecer la línea frente al gobierno, sobre todo, siendo evidente que las reformas no tienen garantía en su reglamentación e instrumentación. La corriente dominante en el perredismo, Los Chuchos, está en un apuro, y la cercanía con el gobierno no es un salvavidas, menos en la antevíspera de la elección intermedia.
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Puede recurrirse desde luego al argumento de aprobar las leyes reglamentarias a partir de la integración de la mayoría tricolor con la adición de votos en el parlamento, pero hay un problema que el gobierno y los partidos no acaban de entender y, por lo mismo, mucho menos de resolver.
Pese a la marginación en que el conjunto de los partidos ha colocado a la participación ciudadana, la irrupción en la escena de los jóvenes a través de las redes sociales o de personalidades con autoridad moral, como la de Alfonso Cuarón, pueden descuadrar el juego de cúpulas partidistas que ha privilegiado el gobierno. Si, durante la campaña, el movimiento #YoSoy132 colocó en un brete al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, ahora el tema de la censura en Internet -catapultado por las redes- y las preguntas del cineasta giraron radicalmente el eje del debate y modificaron la hoja de ruta de las reformas. En el caso del predictamen de la Ley de Telecomunicaciones, echó abajo el proyecto y revitalizó a los cuadros políticos que lo resisten.
Pueden el gobierno y las direcciones partidistas mantenerse en la idea de negociar a nivel cupular, pero no ignorar la posibilidad del descarrilamiento por irrupciones como las referidas. De ahí que, quizá, no sobraría armar negociaciones, debates y dictámenes de cara, no de espaldas, a la ciudadanía.
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Si bien es importante y notable que, ahora, los poderes fácticos se confronten entre sí y no en contra del gobierno, la fragilidad y soledad del gobierno pueden hacerlos voltear hacia él.
La reformas hacendaria y de competencia económica tienen molestos a importantes sectores de la producción; la educativa, al gremio magisterial y, por lo visto, a algunos gobiernos estatales, y la de telecomunicaciones, a los monopolios del ramo. A esa situación se agrega el pobre crecimiento económico, que frustra los supuestos beneficios de la reforma laboral.
El gobierno camina solo por una línea muy delgada donde, como añadido, las acciones para restablecer la seguridad pública y atemperar el descontento social no acaban de rendir frutos. Si bien Michoacán concentra la atención, en el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz titilan los focos rojos de la violencia criminal. En el campo del descontento social, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, de vez en vez, dejan ver la presencia de grupos tentados por la vía armada para dar solución a sus problemas. El secuestro de Julia Carabias no es un incidente, demanda enorme atención política y social.
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Si el gobierno no advierte el cambio de atmósfera y condiciones políticas, más de una liebre le puede saltar… y descarrilarlo.
