Algo no está funcionando en la economía mexicana, y no es un asunto para alegrar a nadie. Ni siquiera a aquellos que suelen solazarse en la búsqueda de culpables (reales o inventados). La satisfacción de exhibir la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para sostener sus metas, es un muy pobre consuelo cuando una de las implicaciones es que otros 200 mil mexicanos tendrán que emplearse en las filas de la economía informal. Y esa no es la mayor de las calamidades.
Las razones de fondo desde luego que son estructurales. No las creó el regreso del PRI a Los Pinos. Y peor aún, los factores de coyuntura ni siquiera dependen de Videgaray sus muchachos, toda vez que los vaivenes que mecen al barco de nuestra economía son vientos que soplan desde Estados Unidos.
Dicho lo anterior, habría que señalar que los bandazos sobre el timón no han sido los mejores. Para acelerar la recuperación el Gobierno escogió una estrategia equivocada. La cita de Jonathan Heath, recogida por The Economist, es impecable: "El Gobierno está gastando más, pero tomó el dinero de los hogares". Y de las empresas, habría que añadir.
En efecto, la reforma fiscal que arrancó en enero restringió el gasto de los hogares, la inversión de las empresas y la creación de empleos. Todo peso quitado a los particulares (sean contribuyentes físicos o morales) es un peso retirado de la inversión o del consumo. Una estadística de la ANTAD lo dice todo: es la primera vez en muchos años que disminuyen las ventas en tiendas departamentales y supermercados durante el primer trimestre, comparado con el del año anterior.
El Gobierno se equivocó porque creyó que ese peso que retira del público puede "gastarlo" de una manera más eficaz de cara a la generación de efectos dinamizadores. Obviamente no ha sido así. La fluidez y el destino del gasto público deja mucho que desear, como bien lo saben los mexicanos.
Pero el problema va mucho más allá. Una reforma fiscal más severa no significa que los 10 pesos adicionales que recaudará ahora el Gobierno simplemente circularán de otra manera. El peor de los impactos no es cuantitativo sino cualitativo. Una recaudación fiscal que es percibida como rígida, autoritaria y con pocos consensos provoca la retracción de la inversión y el refugio de empresas y particulares en la zona oscura de la economía informal.
Y justamente ese es el tema de fondo. El país no va a crecer a tasas de 3% anual, ya no digamos 5% como quisiera Peña Nieto, si no aumentan los niveles de productividad de los que ya trabajan. Si la población aumenta a una tasa de 1.2% cada año, la economía crecerá a ese ritmo si nos comportamos igual que el año anterior. Para que el PIB aumente por encima de eso la productividad de los trabajadores debe crecer con respecto al año anterior. Y esto no sucede en la economía informal.
En consecuencia, toda reforma fiscal que echa en brazos de la informalidad al consumo de las personas y a la actividad de las empresas, atenta contra el crecimiento. Y justamente eso es lo que ha provocado Lolita-Dolores en 2014.
Hacienda endureció los controles y aplicó un régimen draconiano sobre el contribuyente, lo cual lejos de combatir la evasión ofrece mayores incentivos para mantenerse "en la sombra". Me recuerda a las políticas de sofocamiento de un movimiento insurgente por la vía de aterrorizar a los familiares de los militantes.
Todo lo anterior no pretende abogar por un sistema sin impuestos; México es uno de los países con más baja recaudación en el Hemisferio Occidental; y no porque usted y yo paguemos poco, sino porque muchos no pagan. Eso debe subsanarse, pero no cebándose contra los que ya lo hacemos, o de aterrorizar a los que se encuentren en el borde entre la formalidad y la informalidad.
Tampoco es deseable una laxitud irresponsable frente a la economía informal. Pero se tienen que diseñar puentes para que existan incentivos para transitar a la zona formal. Una amnistía política que sea exitosa pasa por esa vía.
Por lo demás, el timing de la reforma fiscal fue lamentable. En 2013 castigaron a la economía al restringir el gasto, en 2014 al imponer nuevas obligaciones fiscales. Sería deseable que el Gobierno apelara al crecimiento más por la vía de incentivar la actividad de los ciudadanos, y menos por su obsesión a expandirse. Y dicho sea de paso, antes de imponer mayores contribuciones el Gobierno tendría que combatir la corrupción y mostrar que puede gestionar el erario con limpieza. Pero, esa es otra historia.
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