Los legisladores priistas plantean que proceda el fincamiento de responsabilidades, si no fue posible recuperar recursos públicos o comprobar su destino, detectados por la Auditoría Superior de la Federación. (ARCHIVO)
El PRI en la Cámara de Diputados propuso otorgar el perdón a los servidores públicos que hayan cometido desvíos de recursos públicos... si es que regresan el dinero.
En el marco de la discusión de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los legisladores priistas plantean que proceda el fincamiento de responsabilidades, si no fue posible recuperar recursos públicos o comprobar su destino, detectados por la Auditoría Superior de la Federación.
Las reformas se plantean en la iniciativa de reformas a las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, General de Contabilidad Gubernamental y de Coordinación Fiscal, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 21 de abril y que aún no se turna a comisiones en San Lázaro.
"Se propone que en los casos de menor cuantía, en donde no hubo dolo, no haya obtenido un beneficio él ni su familia o socios y que el servidor público cubra voluntariamente el daño y/o perjuicio, no se inicie el procedimiento sancionador", propone la iniciativa.
DEMANDAN REPARO A DAÑOS POR CORRUPCIÓN
Los funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción no sólo se apropian indebidamente de bienes o recursos públicos, sino que al no destinarlos para los programas o servicios a los que estaban perfilados afectan a la población. Por ello, también deberían ser responsables por el daño que provocan los desvíos, indicó Óscar Arredondo, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Al participar junto a otros miembros de la sociedad civil en una mesa de trabajo organizada en la Cámara de Diputados para discutir la Ley de Fiscalización y Responsabilidad Hacendaria, el activista señaló que los funcionarios que sean encontrados culpables también deben responder por el daño que sus actos ocasionaron. "La mayoría de las iniciativas de fiscalización que hemos visto hasta este momento involucra o implica cuestiones de reparación del daño, sobre todo a la Hacienda Pública", señaló.
"Sin embargo, creemos importante que se considere la reparación del daño a la población afectada por los actos de corrupción". Sobre los alcances que debe tener la Auditoría Superior de la Federación en el nuevo SNA, Enrique Díaz Infante dijo que ésta debe tener facultades para auditar a las entidades, con el fin de evitar el ocultamiento de la deuda pública.
