Autoridades dijeron que se harán las investigaciones pertinentes al respecto, pero en términos de sentido común, el estrés no es patrimonio de algunos.
09 de agosto 2004.
SANTIAGO DE CHILE (AP).-Algunos conocidos represores durante la dictadura del general Augusto Pinochet, varios aún enjuiciados, disfrutan de jubilaciones especiales por "estrés post guerra", informó el lunes el diario de gobierno La Nación.
El vocero oficial, Francisco Vidal, declaró a la prensa que el gobierno averiguará si estas pensiones son legales o si se ha cometido alguna irregularidad.
"No sé si será normal o no...a partir de esta denuncia se harán las investigaciones pertinentes, pero en términos de sentido común, el estrés no es patrimonio de algunos", dijo el vocero.
"Llama la atención que alguien tenga estrés después de haber cometido violaciones horrorosas a los derechos humanos", añadió.
El reportaje señala que las pensiones de los ex represores, la mayoría militares, corresponden a una categoría que les permite recibir "casi el doble de su jubilación mensual por ser víctimas de padecimientos en actos de servicio".
No fue posible una confirmación inmediata en el ejército sobre esta información del diario gubernamental, que la atribuye a abogados de familiares de las víctimas de la represión.
La Nación señala que las enfermedades de los ex agentes de la dictadura fueron establecidas por la Comisión de Salud del Ejército.
El coronel retirado Krantz Bauer Donoso, ex jefe de una brigada represiva, es uno de los favorecidos por las pensiones de invalidez. Bauer se jubiló por "TEC abierto, síndrome post TEC, otorragia izquierda, fractura peñasco temporal izquierda y hemorragia subaracnoide", según el diario.
Uno de sus ayudante, el teniente y empleado civil del ejército, agente Jorge Vargas Bories, jubiló tras acreditar una "psicosis maniaco depresiva", de acuerdo con la versión periodística.
Vargas está enjuiciado por detener ilegítimamente a varias personas que luego fueron acribilladas en el interior de un inmueble de la periferia sur de Santiago. La policía represiva alegó que las muertes ocurrieron durante un intercambio de fuego.
Años después la justicia comprobó que fue una ejecución masiva en la que 12 izquierdistas fueron asesinados entre el 15 y el 16 de junio de 1987.
Otros participantes en la ejecución en los arrestos y ejecución fueron el mayor retirado del ejército Emilio Neira Donoso y su colega civil César Acuña Luengo, ambos reciben una pensión por "psicosis afectiva".
El capitán retirado Pedro Fernández es otro favorecido por las jubilaciones por traumas posteriores a una supuesta guerra. El oficial fue culpado por quemar vivos a dos jóvenes durante una jornada de protesta contra Pinochet.
