Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) lamentaron las modificaciones hechas en San Lázaro a esa ley.(Archivo)
El Senado recibió y turnó a comisiones la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos,
La minuta fue enviada por la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción E del Artículo 72 Constitucional.
Dentro de las modificaciones a más de 100 artículos de esa ley, se encuentra el cambio de su denominación, para quedar como Ley General en Materia de Trata de Personas.
Al respecto las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) lamentaron las modificaciones hechas en San Lázaro a esa ley, lo cual podría derivar en impunidad a las bandas dedicadas a este delito.
Al respecto, la senadora panista y presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, Adriana Dávila Fernández, manifestó su preocupación por la “ceguera política” de la Cámara de Diputados al modificar artículos fundamentales en la minuta, pues no sólo confunde el delito de trata de personas sino que además castiga sólo la explotación y no la trata.
En tanto, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, lamentó la falta de responsabilidad de la colegisladora, que se convirtió en una cámara reformadora y no revisora de lo que el Senado resolvió por unanimidad. La materia que se revisa es de naturaleza penal, por lo que es grave que exista una confusión judicial respecto de lo que es la trata y los fines de explotación.
A su vez, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció por una legislación que “ponga en la cárcel a los responsables”, y advirtió que la ley a la que se quiere regresar no resuelve ningún problema, por lo que harán una revisión exhaustiva a la minuta.
Además, reconoció el trabajo de las senadoras Angélica de la Peña y Adriana Dávila. De esta última señaló: “espero que esto no sea una persecución personal que tiene la senadora. Que tenga un seguimiento personal, dolería mucho que fuera solamente en contra de ella”.
En estas reformas se especifican los lineamientos generales que deberán seguir los tres niveles de gobierno y los delitos cuya tipificación y sanción corresponden sólo al Congreso.
Se sanciona la tentativa del delito de trata de personas, según lo dispone el Protocolo de Palermo, y se ajusta la definición del tipo penal de trata a los estándares internacionales.
Además, se incorporan el alistamiento de niñas y niños en conflictos armados, la extracción de fluidos o líquidos corporales, el matrimonio con fines de procreación y la servidumbre costumbrista, dentro de las finalidades de la explotación.
También se amplían distintas figuras jurídicas para que baste la explotación para su configuración y no precisamente la obtención de un beneficio por parte del sujeto activo y se refuerza el sistema de protección de datos de las víctimas de estos delitos, entre otras modificaciones.
La Mesa Directiva en voz del presidente en funciones, Luis Sánchez Jiménez, reconoció el trabajo que se hizo desde el Senado, y turnó la minuta a las comisiones unidas Contra la Trata de Personas, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos.
