El cochinito. Ese dinero que los partidos guardan como si fuera suyo. Como si la clase política tuviera el derecho de retener recursos públicos donde quisiera, cuando quisiera. Como si el financiamiento público a los partidos no proviniera directamente de aquello que se le descuenta a la población vía los impuestos. Como si los partidos tuvieran derecho a apropiárselo libremente. Ese es el mensaje que el INE envió al permitir - en una resolución del 20 de julio - que los partidos pudieran quedarse con el remanente del dinero que les fue entregado para la obtención del voto en 2015. En lugar de reintegrarlo a la Tesorería de la Federación pueden quedárselo y sin especificar para qué. El remanente regalado. El dinero nuestro que ahora se vuelve suyo e ilegalmente.
Porque lo resuelto arbitrariamente por el INE viola los artículos 41, fracción II y 134, primer párrafo de la Constitución Federal. Porque ese órgano carece de facultades para decidir qué pueden hacer los partidos con los remanentes que recibirán. Porque el financiamiento público a los partidos es dinero etiquetado para actividades específicas y el remanente de 286 millones de pesos no tendrá un destino claro. Por ello Transparencia Mexicana y 32 escritores, activistas y analistas hemos presentado un amparo en contra el INE y la decisión de regalarle a los partidos dinero que no les corresponde. Un amparo contra la modificación arbitraria en el uso de los recursos públicos. Un amparo en favor de la ciudadanía y nuestro "interés legítimo", dado que quienes estamos inscritos en el padrón electoral formamos parte de una variable para calcular el monto del financiamientos público que reciben los partidos. Dinero nuestro que ahora se reaproprian inconstitucionalmente gracias a la autoridad electoral.
El Estado canaliza recursos para asegurar la equidad entre los partidos y ahora esos flujos ascendentes contribuyen a su "cartelización". Las diversas reformas de la transición han producido partidos que son cárteles de la política y operan como tales. Deciden quién participa en ella y quién no; deciden cuánto dinero les toca y cómo reportarlo; deciden las reglas del juego y resisten demandas para su reformulación; deciden cómo proteger su feudo y erigen barrerras de entrada ante quienes - como los candidatos ciudadanos - intentan democratizarlo. Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Organizaciones autónomas que extraen sin representar y usan recursos de la ciudadanía sin explicar puntual y cabalmente su destino. Agencias de colocación para una clase política financiada por los mexicanos, pero impermeable ante sus demandas.
Hemos creado una partidocracia que más bien parece una cleptocracia; un engranaje que arrebata en nombre de la democracia pero merma su calidad. Un círculo vicioso creado por personas que se incorporan a partidos políticos que viven del financiamiento público, cuyo orígen es el dinero de los contribuyentes. Esos partidos políticos postulan diputados y senadores que pasan a conformar el Congreso. Ese Congreso se encarga de elaborar las leyes que rigen la contienda electoral, de aprobar el presupuesto del INE, de elegir a sus consejeros cuya autonomía se ha vuelto inexistente. Cada elección el círculo vicioso comienza de nuevo, empoderando a la clase política del país, pero saqueando a sus habitantes.
Allí están los resultados. Elecciones competitivas pero demasiado caras. Partidos bien financiados, pero poco representativos. Contiendas equitativas, pero donde todos tienen la misma capacidad para gastar sumas multimillonarias. Reglas políticas que aseguran una democracia electoral, pero inhiben una democracia que rinda cuentas. Partidos cartelizados que con la complicidad de la autoridad electoral pueden violar las reglas, pero continuar compitiendo y enriqueciéndose. Una democracia onerosa para el país y fársica para los contribuyentes que la financian.
Utilizar los impuestos para asegurar las ventajas inconstitucionales de los partidos no es democracia sino despojo. Es arrebato. Es abuso. Así se seguirá percibiendo lo que cuesta la democracia hasta que alguien en el Poder Judicial atienda nuestro amparo y ponga un alto; hasta que alguien diga que el INE y los partidos están violando la Constitución; hasta que alguien acote los privilegios partidistas y rompa el cochinito que quieren seguir engordando.
