¿Por qué la verdad engendra odio?, pregunta San Agustín. Y la misma pregunta habría que hacerla a los miembros del Estado mexicano que se han dedicado a deslegitimar el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Superficial", alega la Cancillería. "Creo que a la Comisión le han platicado una realidad, pero no ha visto la verdad", lanza Manlio Fabio Beltrones. "No refleja la situación del país", declara Roberto Campa. Y todo porque la CIDH alertó sobre una situación que ha vivido y padecido cualquiera que ha perdido un hijo, visto morir a un padre, sido víctima de una desaparición forzada, sido colega de un periodista asesinado, caminado por las calles de Iguala o Tampico o Apatzingán. Cualquiera que ha revisado las cifras sobre homicidios, secuestros, desapariciones o tortura en México.
Documento tras documento retrata a un país que las autoridades se niegan a mirar, enfrentar, reconocer. He allí la verdad que preferirían no oír. Ni de la CIDH, ni de la OEA, ni de la ONU, ni del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa. La verdad sobre la grave crisis de derechos humanos que vive México y que si no es encarada, persistirá. La inseguridad y la violencia. Las graves violaciones, en especial la desaparición forzada. Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Los niveles críticos de impunidad y la atención insuficiente a las víctimas. Lo que día con día enfrentan los pobres, los migrantes, los desplazados internos, las mujeres indígenas, las minorías sexuales. Tantos a quienes se les hostiga, se les dispara, se les desaparece, se les silencia para que paren los reclamos de justicia y verdad. Para acallar las voces que México más necesita.
Y esto no es nuevo. Viene de antes. Viene de atrás. Viene desde el 2 de octubre cuando se instaló la impunidad, cómoda y apoltronada en el sistema político. Por eso la CIDH se refiere a una "situación estructural" ya que continúan los asesinatos sin números confiables, sin identificaciones individuales, sin un total de personas ejecutadas o desaparecidas, entonces o ahora. La verdad es alarmante y ojalá nos alarmemos. Allí están las cifras y los testimonios sobre secuestros a manos de la delincuencia organizada. O las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado. El pasado presente. La impunidad de ayer viva hoy. Producto de gobiernos cómplices o ineptos o incapaces de llevar a cabo investigaciones confiables. Como la PGR y su "cadena de custodia" en Ayotzinapa. Como la PGR y su siembra de armas a adversarios políticos. Como la PGR y su resistencia a instrumentar las medidas cautelares que le son exigidas para proteger a periodistas o a testigos.
Obligando así a los familiares a descubrir y desenterrar fosas por sí mismos. A ir de organización en organización en busca de información que no encuentran. A cargar carteles con las fotografías de sus desaparecidos, con la esperanza de que alguien -algún día- en el gobierno los escuche. A colar tierra en busca de las dentadura de sus hijos. Los angustiados, los desconsolados, en búsqueda perpetua porque el Estado no cumple con su deber de investigar, de documentar, de apoyar, de reparar. Porque el Estado parece odiar la verdad y por ello se empeña en sub-registrar las cifras. Porque a pesar de las importantes reformas en derechos humanos que se han introducido en México, persiste una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad de millones de mexicanos. Muchos a la intemperie sin acceso a la justicia independiente, la justicia expedita, la justicia veraz.
Hay algunos avances. Hay muchas leyes nuevas. Pero la CIDH tiene razón al hacer el llamado enérgico de atención que le hace al Estado mexicano. Tiene razón al recomendar lo que recomienda. Investigaciones diligentes e imparciales en los casos de Apatzingán, Tanhuato y Tlatlaya. Instrumentación de las medidas pedidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso de Ayotzinapa. Medidas para lidiar con y prevenir la tortura y las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas y las agresiones a periodistas y los asesinatos. Pero eso sólo ocurrirá si el Estado mexicano es capaz de aceptar la verdad en lugar de desacreditarla. Si en lugar de mancillar la reputación del mensajero, atiende el mensaje. Ralph Waldo Emerson escribió que cuando la verdad es lastimada, hay que defenderla. Lo terrible del caso mexicano es que los ataques a esa verdad a la vista provienen del propio Estado. Y la verdad puede doler, pero las mentiras matan.
