El poder presidencialista se repartió de manera desigual. Entre las grandes beneficiarias están las constructoras que atropellan a la ciudadanía aprovechándose de la complicidad oficial.
Entre Topilejo (en el límite con Morelos) y el Monumento al Caminero (Tlalpan, DF) hay 14.3 kilómetros. Recorrerlos fue una alegoría del sistema que impera en México. Dejé Cuernavaca a las tres de la tarde del domingo ocho de noviembre. La primera hora fue plácida y en ningún momento Caminos y Puentes Federales (Capufe) avisó sobre "serios embotellamientos al llegar al DF". En Topilejo empezó el gigantesco tapón y durante las siguientes dos horas compartí espacios con camiones de carga y autobuses de pasajeros, carcachas y autos de lujo, motocicletas y camionetas adornadas de cocos acapulqueños. Era un corte transversal de una sociedad en el abandono.
Cuando se viaja en barco las gaviotas anuncian la cercanía de la tierra firme; en nuestras autopistas las parvadas de vendedores ambulantes avisan sobre las casetas de cobro. Esa tarde, los microempresarios trabajaban para mantener a México en los primeros lugares de obesidad y diabetes: su oferta de comida chatarra y refrescos azucarados tuvo una excelente acogida porque se había rebasado la hora de la comida.
El recorrido se hizo más accidentado porque las constructoras decidieron eliminar estacionamientos y baños públicos. Un carril fue ocupado por tráileres descansando antes de cruzar la capital o por conductores que salían corriendo de sus vehículos para dirigirse a las casas que anunciaban, con letreros artesanales: "WC públicos". Desconozco lo que cobraban.
El Estado desapareció aquella tarde. Ni Policías Federales ni militares en posición de alerta. No me extrañaría que estos embotellamientos fueran aprovechados por quienes transportan heroína entre Guerrero, la capital y Chicago. De hecho, la única autoridad presente era la que cobraba los 70 pesos de la cuota con la parsimonia de los burócratas sin prisa. Ningún operativo de Capufe ordenaba el caos o agilizaba el cruce enviando, por ejemplo, a recibir los pagos antes de llegar a la intersección.
El bloqueo se reiniciaba después de la caseta. Las constructoras se han apoderado del espacio que necesitan, despreocupándose de las consecuencias que ello tiene sobre las vialidades. Finalmente al llegar al Monumento al Caminero apareció una patrulla de la policía capitalina; en los asientos delanteros dos policías observaban de cuando en cuando a los viajeros sin interrumpir su plática.
El pasado fin de semana fue puente y según las crónicas mejoró el cruce gracias a un operativo especial. Se trató, sin embargo, de una medida excepcional porque el patrón habitual es la indiferencia hacia el bienestar de la población.
Cuando anunciaron la construcción de un segundo piso que conectará Tlalpan con la autopista a Cuernavaca las autoridades federales y capitalinas presumieron que se trataba de una obra de "gran beneficio social". Es indudable que reducirá el tiempo de traslado para quienes paguen una cuota, pero el principal provecho se lo llevarán las constructoras y sus amigos en el gobierno.
En el caso de este viaducto elevado, la mayor parte de la obra es hecha por empresas propiedad de Carlos Slim, quien invertirá 3 mil 200 millones de pesos. Es obvio que en la elaboración de sus presupuestos jamás pensaron en los usuarios; las empresas del ingeniero se caracterizan por exprimir a sus clientes y darles lo menos posible.
Una parte de México está en manos de la república de las constructoras que pueden maltratarnos, porque quienes gobiernan han demostrado una y otra vez lo poco que les importa la ciudadanía. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tiene un sólido historial como benefactor de grandes constructoras (las prebendas otorgadas a OHL lo demuestran). El director de Capufe, Benito Neme Sastré, sabe poco de caminos y puentes; se conforma con tener el afecto del presidente Enrique Peña Nieto. El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, es uno de los principales patronos de los "desarrolladores" que han devastado la ciudad.
Tenemos un sistema estructurado para perpetuar las desigualdades y beneficiar a unos cuantos. Para los gobernantes y los multimillonarios somos ciudadanos de segunda cuya única función es votar, pagar y callar. No existen, que yo sepa, movimientos para defender a los usuarios de las autopistas, un espacio en el cual las constructoras tienen licencia para maltratar.
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Colaboró Maura Álvarez Roldán.
