La doctora Alicia Ávila está convencida que "existe una red de delincuencia organizada que comienza en la delegación y llega hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (el Tribunal)". Analizo la afirmación.
Alicia, pedagoga con Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, vivía tranquila en la Guadalupe Inn de la Ciudad de México hasta que, en 2014, empezaron a construir un edificio de 15 pisos en la calle Guty Cárdenas 113. Ella y otros vecinos visitaron 70 veces, ocho dependencias: la delegación Álvaro Obregón, cuatro oficinas del gobierno central, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Asamblea y el Tribunal (instancia, esta última, que resuelve los conflictos entre particulares y autoridades). Para esta columna se revisaron los casos de la Supervía Poniente, la Torre Mitikah en Xoco, un Club de Golf en Tepepan y el edificio en la calle Guty Cárdenas.
Primer hallazgo. Las autoridades usan la ley para vulnerar la justicia. Siempre hubo una dependencia del gobierno capitalino y algún magistrado del Tribunal dando la razón a los vecinos, pero la Sala Superior del Tribunal revirtió los fallos (está pendiente el del Club de Golf) invocando ausencia de interés jurídico de los quejosos o interpretando con estrechez la norma. En los magistrados influyó que el gobierno del Distrito Federal respaldó a las empresas pese a que alguna dependencia capitalina reconoció la violación de la ley.
Segundo hallazgo. Destrozar una ciudad no está tipificado como delito de crimen organizado, pero sí hay señales de un "entendimiento" para lucrar de manera organizada con el suelo de la capital; acuerdo en el cual participan, por acción u omisión, un buen número de constructoras y todas las autoridades.
Esto lo corrobora la determinación con la cual niegan, minimizan o ignoran los conflictos de interés. El esposo de la actual presidenta del Tribunal, Yasmín Esquivel Mossa, era uno de los constructores de la Supervía y la magistrada, en lugar de excusarse, participó en los procesos que quitaron la razón legal a los quejosos. Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza aprobó la Torre Mitikah, en su calidad de director general de Regulación Ambiental en el período de gobierno de Marcelo Ebrard, pese a ser socio de una de las constructoras. En lugar de sanción y absolución hubo premiación.
Los odios políticos se olvidan con negocios inmobiliarios. Veamos un ejemplo. Marcelo Ebrard propuso a Yasmín Esquivel como magistrada del Tribunal y su sucesor y enemigo, Miguel Ángel Mancera, solicitó su ratificación como magistrada en agosto de 2015 con todo y denuncias en su contra. Como los asambleístas terminaban su gestión la reeligieron por unanimidad para un período de tres meses. El presidente de la Comisión de Gobierno de la nueva Asamblea es Leonel Luna -fue delegado de Álvaro Obregón cuando se aprobó el edificio de 15 pisos en Guty Cárdenas- quien, aliado con un priista, empujó la causa de Esquivel. Ese mismo mes, Mauricio Toledo (otro depredador urbano, pero en Coyoacán) presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que aprobó un aumento en el presupuesto del Tribunal. Morena ha sido ambivalente en este caso porque denuncian la corrupción inmobiliaria, sin embargo, el esposo de la magistrada ha sido vinculado a Andrés Manuel López Obrador.
En la última década se han construido más de cinco mil edificios de manera ilegal. Algunos vecinos se han resistido, pero es rarísimo que logren frenar las edificaciones. Las constructoras y sus cómplices en el gobierno han erigido una fortaleza inexpugnable. La CDHDF de Luis González Plascencia respaldó a los vecinos en el caso de la Supervía y en parte por ello perdió la reelección. Tal vez por ello la nueva presidenta de la CDHDF fue tibia en la obra en Guty Cárdenas. Los vecinos están totalmente solos.
Los tribunales de lo contencioso administrativo han sido copartícipes del desastre urbanístico de la mayoría de las entidades. ¿Existe solución? En la Ciudad de México el Tribunal podría autorreformarse, la Asamblea auditar al Tribunal y el Constituyente incluir el tema en la agenda. Se ve difícil que suceda.
Los vecinos de Guty Cárdenas intentarán llevar su caso ante la Suprema Corte. Merecen apoyo porque el máximo tribunal tiene las atribuciones para domar a quienes emulan, con sus métodos, a la delincuencia organizada; de no hacerlo, los depredadores seguirán galopando en libertad por las praderas del urbanismo salvaje.
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Colaboró con información e ideas Emilio González González.
