Se derrumbó la aprobación a Enrique Peña Nieto. ¿Estará ese hecho tras el sorprendente (aunque muy bienvenido) chubasco de disculpas hacia las víctimas?
El 13 de abril fue día de encuesta en Reforma. En abril de 2013, 78 % de los líderes aprobaba a Peña Nieto; este mes sólo 22 % tiene buena opinión del presidente. Perdió 56 puntos. La opinión en el exterior también está por los suelos. El Reputation Institute mide el prestigio de los países. En 2013 México estaba en el lugar 35; en 2015 cayó dos lugares. Para una de las corresponsales mexicanas en Washington, Dolia Estévez, Ayotzinapa y la Casa Blanca fueron el parteaguas en la imagen del presidente y México.
Son múltiples las causas tras la caída. Estarían imprevistos como el desplome de los precios del petróleo o la aparición del beligerante Donald Trump. Sin embargo, buena parte del descrédito viene porque el discurso no ha coincidido con la realidad. Han faltado políticas adecuadas y hechos concretos para enfrentar la corrupción, la inseguridad y los abusos a los derechos humanos.
La política hacia estos últimos, por ejemplo, se ha caracterizado por la falta de consistencia. Aprueban una ley para las víctimas y a continuación crean un elefante blanco para atenderlas; nombran a Roberto Campa para prevenir el delito y lo sustituyen con un presunto delincuente electoral; invitan al GIEI, pero lo corren sin terminar la tarea.
Abril ha sido extraño. Empezó con dureza oficial. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas declaró retadoramente, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el "Estado mexicano [no es] el causante de la violencia, son las organizaciones criminales". Tesis esmirriada porque el Estado ha contribuido con entusiasmo y de múltiples formas a la gestación, nacimiento y consolidación del crimen organizado en México y porque las fuerzas de seguridad sí violan los derechos humanos.
El 14 de abril apareció en las redes sociales un video donde se observa la manera como militares y policías federales torturan a una presunta delincuente. En lugar del hermetismo habitual o de los desmentidos infantiloides, el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda pronunció un discurso a la tropa bajo su mando. Condenó el hecho y, ¡oh sorpresa!, pidió "una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada". El 18 de abril hizo lo mismo el comisionado nacional de seguridad Renato Sales y ese mismo día Roberto Campa, subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, reconoció que en México sí se tortura (entonces ¿tenía razón Juan Méndez?). Son hechos inéditos porque quienes gobiernan México rara vez reconocen haberse equivocado.
¿Estamos ante un viraje de fondo en política de derechos humanos y seguridad o ante otra llovizna de retórica distractora? El paso lógico sería que el presidente también tuviera gestos de empatía hacia las víctimas que se merecen ser atendidos y que reconociera que él también puede equivocarse en tal o cual política. Un momento adecuado será el jueves 21 de abril, cuando el presidente anuncie -eso adelantó la canciller Claudia Ruiz Massieu- una redefinición en la estrategia para el combate a las drogas y, supongo, al crimen organizado. Ahí puede decir si comparte o no la tesis de que hay una crisis de los derechos humanos en México.
Un cambio de discurso y de política tiene sentido porque ya deberían haberse dado cuenta que la imagen se desplomó, que hay medios y periodistas que no están buscando chayotes y que ni pueden controlar las redes sociales ni cerrar el país al mundo. Según la encuesta del CIDE, Las Américas y el Mundo (2015) alrededor de 90 % de los líderes mexicanos consideran positivo que llegue a México las ideas del exterior.
El sexenio entra en su fase final. Un desastre mayor puede evitarse. Si en cuestión de derechos humanos piensan primero en las víctimas tendrán tiempo de levantar la revolcada imagen.
La empresa Uber gana fortunas en México. En diciembre de 2015 tenía un millón 200 mil usuarios. Para maximizar sus utilidades optaron por violar la Ley Federal de Protección al Consumidor y se ahorran los salarios de quienes deberían estar junto a un banco de teléfonos atendiendo a los clientes; tampoco responden con rapidez a los correos. Les salió la codicia de las mineras canadienses y OHL, entre otros bucaneros. Lo hacen porque al Estado mexicano le importan muy poco los consumidores.
