Vínculo. Bancada de Morena pide investigar los contratos de la empresa con la administración pública federal.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados exigió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiguen a la empresa brasileña Odebrecht y todos los contratos que tenga en la administración pública federal.
En la sesión de la Comisión Permanente, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, advirtió que la empresa constructora Odebrecht aceptó haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, de acuerdo con documento liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Durante el período señalado, expuso la diputada, Odebrecht firmó un contrato en México con Pemex Refinación, dirigida entonces por Miguel Tame Domínguez.
Ante ello, señaló, debe haber una investigación en México para determinar si hubo sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de obtener concesiones y proyectos de obras públicas.
En la propuesta se señala que las investigaciones de la SFP deben abarcar las concesiones, contratos y proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas, en las que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias.
Tales averiguaciones deben derivarse de las denuncias públicas de los sobornos que pagó la empresa a servidores públicos mexicanos para obtener recursos del erario público. Lo mismo debe hacer la ASF, se menciona.
Además, se solicita a autoridades federales, a Petróleos Mexicanos, al Gobierno de Veracruz y al Congreso de esta entidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, cancelen todos los contratos con esa empresa.
La principal cúpula empresarial de Panamá notificó ayer a la constructora brasileña Odebrecht su expulsión como miembro del gremio tras la revelación del pago de sobornos millonarios en más de 12 países, incluido Panamá, donde ejecuta obras que superan los 3.000 millones de dólares.
"El acatamiento de las leyes y cumplimiento de los principios éticos y morales, son convicciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), sobre las cuales se construyó nuestra organización. Cualquier incumplimiento con estos valores, es causal de expulsión", manifestó el presidente de la gremial, Jorge García Icaza.
El dirigente indicó que los empresarios exhortan y respaldan al Ministerio Público (MP- Fiscalía) y demás autoridades en las investigaciones, "en estricto apego al estado de Derecho, a fin de que se den a conocer los nombres de todos los involucrados y se castigue ejemplarmente a cada uno de los responsables".
