En la mira. Pablo Basáñez enfrenta una demanda penal ante PGR por recursos donados por Pemex.
Tres legisladores del PRI están siendo requeridos para rendir cuentas.
El diputado federal Pablo Basáñez enfrenta una denuncia penal ante la PGR por una presunta desaparición de combustible y asfalto donado por Pemex al Ayuntamiento de Tlalnepantla en 2013.
Cuando el priista Basáñez fungía como alcalde de Tlalnepantla en aquel año, recibió 25 mil litros de gasolina, 25 mil litros de diésel y 280 toneladas de asfalto con un valor estimado de 3.1 millones de pesos, según consta en la ficha de donación emitida por Pemex el 9 de agosto de 2013.
No obstante, el 20 de junio de 2016, el superintendente de Desarrollo Social Zona Centro de Pemex, Bernardo Miranda, envió un oficio al Ayuntamiento mexiquense solicitando documentos que comprobaran el uso de los recursos donados.
Vecinos de Tlalnepantla conocieron de esta petición y recurrieron a la PGR la semana pasada para exigir una investigación y que se le retire el fuero para iniciarle un juicio político.
LO PROTEGEN Desde hace un año, la juez Canolic Mingorance Cairat espera en Andorra a que la Justicia de México le responda sobre la identidad del político del PRI que figuró en una cuenta con 6 millones de dólares intervenida por blanqueo de dinero en el Banco Privado de Andorra (BPA).
Según publicó ayer el diario El País, fuentes de la justicia andorrana señalaron que la PGR ha utilizado argucias y respuestas ambiguas para dilatar la investigación y no responder a las comisiones rogatorias que se le han enviado, lo que ha molestado a la juez.
La primera petición de auxilio judicial remitida por Mingorance, que pedía, también, que se investigara la relación entre el Cártel de Sinaloa y el BPA, se envió a la PGR en febrero de 2016.
La respuesta de México fue que volviera a enviarla pero otra instancia: a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, lo que provocó la sorpresa de Mingorance, que en 2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones, por los vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos.
Al segundo intento, las autoridades judiciales mexicanas le pidieron los datos del diputado titular de la citada cuenta, es decir, la misma información que reclama la juez Mingorance en su petición de auxilio judicial.
Los datos que aporta la justicia de Andorra coinciden con los de Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, exdiputado del PRI.
Éste negó a El País ser la persona que se busca por supuesto blanqueo de capitales, pero no quiso responder a la pregunta de si él o sus hermanos tuvieron cuentas en el BPA.
VAN POR SU DESAFUERO
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició el período de pruebas en el proceso de desafuero del diputado del PRI Tarek Abdala, acusado por la Fiscalía General de Veracruz de haber desviado 23 mil millones de pesos del erario de ese estado.
Recordó que el legislador del PRI respondió por escrito y negó las imputaciones en su contra.
