ENTRADA.- Institución que no tenga la confianza y credibilidad de la ciudadanía no sirve para nada. El esfuerzo para construirla resulta inútil, inoperante y sin los resultados prácticos que la democracia demanda.
SOPA.- Tal es el caso del debatido nombramiento del Fiscal General Anticorrupción licenciado Raúl Cervantes. Al respecto todos los partidos se han opuesto argumentando que el propuesto tiene un conflicto de intereses, toda vez que fue el abogado de la campaña de Peña Nieto y por otra parte, que forma parte del círculo interior más cercano al actual presidente.
Si así son las cosas, estamos viendo que una institución en la que los mexicanos tenían la esperanza (por fin) de que actuaría con mano firme y autónoma en contra de la corrupción de los gobernantes, queda como cualquier otra que nadie respeta ni inspira confianza. En tales condiciones no servirá para nada.
PLATO FUERTE.-Y con relación a la corrupción e impunidad la Universidad de las Américas de Puebla, ha publicado datos y números que nos ponen en verdad los pelos de punta.
El índice global de impunidad relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, posiciona a México en cuarto lugar a nivel mundial (de abajo para arriba) con un índice de impunidad de 69.21 puntos.
El estudio indica que los 13 países con más alto nivel de impunidad son Filipinas, con 75.6 puntos; India, con 70.94; Camerún, 69.39; México, con 69.21; Perú, 69.04; Venezuela, 67.24; Brasil, 66.72; Colombia, 66.57; Nicaragua, 66.34; Federación de Rusia, 65.49; Paraguay, 65.38; Honduras, 65.04; y El Salvador con 65.03 puntos.
En contraste, las naciones con el menor índice de impunidad fueron Croacia, con 36.01 puntos; Bulgaria, 37.19; Eslovenia, 37.23; Suecia, 39.15; Noruega, 40.90; Montenegro, 42.13; República Checa, 42.83; Grecia, 44.56; Alemania, 45.10; y Países Bajos con 45.31 puntos. Así las cosas México ocupa el primer lugar de impunidad a nivel continente, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.
Uno de los problemas que inciden en la impunidad es el número de jueces encargados de impartir justicia por cada 100 mil habitantes en cada país.
"El IGI-2017 estima una proporción promedio de los países de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes; México cuenta con 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global". En cuanto a la funcionalidad del sistema de justicia hay deficiencias pues el 43 % de la población detenida no ha recibido sentencia.
POSTRE.- Por otra parte, la estructura del sistema de seguridad cuenta con 359 policías por cada cien mil habitantes, cifra por encima del promedio global que es de 319 por cada cien mil habitantes "El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo, se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas.
La corrupción en los estados es producto de la falta de voluntad política y el desperdicio de recursos para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que le permita funcionar correctamente.
De una lista de 69 países de todo el mundo, México se ubica en la cuarta posición. Porque en este país sólo 7 de cada 100 delitos son denunciados y de cada 10 que se denuncian apenas uno concluye ante un juez, lo que quiere decir que por cada 100 delitos únicamente se castiga ¡uno!
Si los gobiernos destinaran la mitad de su propuesto a fortalecer la administración de justicia, la sociedad se los agradecería mucho más que un puente.
Los ciudadanos ya no quieren obras materiales, alumbrado, carreteras, pavimentación, etcétera, añoran la seguridad, el combate a la corrupción y una justicia pronta y expedita. Estas son las prioridades que tiene cualquier gobierno frente a sus ciudadanos, después podrán venir las obras.
Es necesario aumentar el número jueces capacitados, honestos y bien pagados. Es necesario que aumente y además se prepare al ministerio público dándole los apoyos materiales, técnicos, científicos y recursos que necesita para poder fincar con éxito la responsabilidad de los malhechores (¡actualmente carecen hasta de hojas de papel!).
Esto es lo que esperan los gobernados de sus gobernantes y aquellos que lo logren, pasarán a la memoria de terruño natal.
DIGESTIVO.- Un fiscal anticorrupción autónomo y aceptable podría salir de entre los maestros más acreditados y respetados de las diversas facultades de derecho. Ahí se podrían buscar y encontrar.
