
De acuerdo con la CNDH, en 66 cárceles estatales y municipales líderes de internos coaccionan, extorsionan y obligan al resto de reclusos a pagar por comida, agua potable, un espacio para dormir, tener acceso a una revisión médica o a un trabajo, por hacer uso de instalaciones deportivas o tener visitas familiares o íntimas. (ARCHIVO)
En los penales del país mandan decenas de "Tatos".
Son reclusos quienes operan igual que lo hacía Luis Alberto González Nieto en los reclusorios del Edomex, según diagnósticos y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la situación penitenciaria.
De acuerdo con la CNDH, en 66 cárceles estatales y municipales líderes de internos coaccionan, extorsionan y obligan al resto de reclusos a pagar por comida, agua potable, un espacio para dormir, tener acceso a una revisión médica o a un trabajo, por hacer uso de instalaciones deportivas o tener visitas familiares o íntimas.
También controlan las llaves de las celdas, coordinan áreas y servicios, organizan las labores de limpieza y de vigilancia en dormitorios y hasta el pase de lista.
Estos reos tienen privilegios y contratan a otros presos para servicios personales y, en algunos casos, hay explotación sexual e imposición de castigos o medidas disciplinarias impuestas por los propios internos.
Los cabecillas en estos penales también controlan el ingreso de artículos ilícitos como drogas y armas e incluso los insumos de los centros penitenciarios.
Según el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH de 2016, esta situación afecta a penales en 27 estados e incluso a centros municipales, como el de Centla, Tabasco, con una población de apenas 35 internos, o el de Zimapán, en Hidalgo, con 19 presos.