Los militares en situación de retiro Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Hugo Zaldaña fueron condenados a 58 años de prisión y Francisco Gordillo a 33 años por esos casos, cometidos al amparo del conflicto armado interno (1960-1996). (ARCHIVO)
Ni siquiera habían despuntado los primeros rayos del sol. La espera por justicia fue larga para la familia guatemalteca Molina Theissen: 37 años y más de 13 horas para escuchar la sentencia de culpables por la desaparición forzada del menor de 14 años Marco Antonio, y la tortura y violación de su hermana Emma.
Los militares en situación de retiro Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Hugo Zaldaña fueron condenados a 58 años de prisión y Francisco Gordillo a 33 años por esos casos, cometidos al amparo del conflicto armado interno (1960-1996).
Otro militar, Edilberto Letona, fue absuelto.
Lucas García perteneció al Estado Mayor del Ejército entre 1981 y 1982; Callejas fue jefe de Inteligencia Militar, Zaldaña era el secretario de inteligencia del Estado Mayor del Ejército, y los coroneles Francisco Luis Gordillo Martínez y Edilberto Letona Linares comandante y subcomandate de la base donde estuvo secuestrada Emma Guadalupe.
La sentencia la emitió a eso de las 4:30 hora local de este miércoles (10.30 GMT), más de 13 horas después de la hora prevista, el Tribunal de Mayor Riesgo C.
Marco Antonio Molina Theissen fue secuestrado el 6 de octubre de 1981 en represalia por la fuga de su hermana Emma de la zona militar del departamento occidental de Quetzaltenango un día antes, y 37 años después su familia desconoce su paradero.
Ella había sido detenida el 27 de septiembre de ese año por sus nexos con la guerrilla. Fue sometida a crueles torturas y constantes violaciones en esas instalaciones militares.
El Tribunal presidido por el juez Pablo Xitumul consideró con base en las pruebas y testimonios, que los militares sentenciados fueron los que diseñaron la estrategia para capturar a Emma, que en tiempos de la guerra se hizo llamar como María Margarita Chapetón.
Fue activista de la comunista Juventud Patriótica del Trabajo.
El Ministerio Público (MP) sostuvo durante el juicio que se inició el 1 de marzo pasado, que al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional, se ejecutaron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra quien pensara distinto al Gobierno militar de turno.
Todos eran tildados de ser guerrilleros. Eran detenidos y desaparecidos y las mujeres violadas, como fue el caso de Emma Guadalupe.
Tras el veredicto judicial no hubo declaraciones de la familia, pero si abrazos como muestra de haber conseguido un fallo a su favor por parte del Estado, que les había dado la espalda.
Los activistas humanitarios y familiares de otras víctimas del conflicto armado aplaudieron y cantaron victoria.
La sentencia "repara la verdad de Emma y de las sobrevivientes de la violencia sexual durante la guerra", aseguró la subdirectora del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) que actúa como querellante del caso, Alejandra Castillo.
También sostuvo que la condena de los militares "nos da la posibilidad de poner en la discusión lo que fue la desaparición forzada", y también el delito de la violencia sexual que "se utilizó como una arma de guerra" durante el conflicto armado.
Durante el juicio los abogados de los militares retirados intentaron sin éxito convencer al juez que en Guatemala no hubo genocidio sino un enfrentamiento entre dos bandos.
No obstante, Xitumul fue tajante y afirmó que ese argumento era "insostenible" porque se involucró a la población civil, a la que luego los militares atacaron "sin misericordia".
En su resolución, el juez aseguró que lo ocurrido a la familia Molina Theissen "ofende a todos los seres humanos por lo que no debe quedar impune".
La condena emitida es aún apelable.
Tras 37 años sigue la incertidumbre de lo que le ocurrió a Marco Antonio. Durante el juicio, Emma apeló al "honor" de los militares juzgados y les pidió que digan dónde está su hermano.
El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición del menor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El menor es uno de los 45,000 desaparecidos que dejó la guerra interna en Guatemala, que también se cobró la vida de otras 200,000 personas, en su mayoría indígenas y campesinos que siguen buscando justicia.
