La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, comparece ante las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. (ESPECIAL)
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, entregó a diputados un anteproyecto que atiende inconsistencias, lagunas y áreas de oportunidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
En su primera intervención en el marco de su comparecencia ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara Baja, sostuvo que la citada ley incluye cuestiones innovadoras, aunque también tiene limitaciones para su adecuada implementación.
Detalló que entre ellas está el hecho de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) subsana de forma temporal la carencia de un organismo de defensoría de oficio, previsto en la ley, que debería ser independiente y autónomo.
Expuso que el decreto para expedir la LGRA omitió especificar el tratamiento para las investigaciones administrativas iniciadas antes de su entrada en vigor; y las que se abrieron posteriormente, por hechos acontecidos mientras estuvo en vigor la legislación anterior.
Reiteró que sin perjuicio de otras inconsistencias, se requiere una reforma legislativa para garantizar certidumbre jurídica en la aplicación de la LGRA y expresó su certeza de que la Cámara de Diputados realizará los ajustes necesarios al marco legal en materia administrativa.
Por otra parte, la titular de la SFP informó a los diputados federales que esta dependencia, en conjunto con el Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera, elaboró un proyecto de iniciativa de Ley en materia de profesionalización y servicio civil de carrera, a fin de racionalizarlo y hacerlo más eficiente.
Explicó que la propuesta tuvo el acompañamiento de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); y recibió comentarios de actores de la sociedad civil, la academia y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El reto es fortalecer el capital humano del gobierno; el objetivo, que la estabilidad y permanencia de los servidores públicos sean consecuencia del desempeño y el mérito, adicionalmente a la capacitación continua, agregó.
“Si bien la mayoría de las personas servidoras públicas poseen un gran talento, integridad, experiencia y capacidad, es fundamental reforzar los mecanismos de formación y estímulos, pues un servicio público eficiente, profesional, dignificado y motivado es crucial para lograr los fines del Estado”, subrayó.
En lo relativo al combate a la corrupción, destacó que el Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, que preside la Función Pública, atendió, en dos años, 57 por ciento de las 180 recomendaciones de instancias como la OCDE, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las recomendaciones restantes son atendidas por las 22 instancias que conforman el grupo, especificó la funcionaria.
Afirmó que los esfuerzos en la vigilancia, control interno y auditoría permean en el buen manejo de los recursos del Estado, la calidad del servicio público y el combate a la corrupción.
Prueba de ello, sostuvo, son las diligencias de la SFP, en casos como la obra pública “Ampliación del libramiento de Cuernavaca”; en contrataciones y subcontrataciones entre entidades del gobierno federal y universidades; en las actividades de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017, y los hechos en materia administrativa relacionados con la empresa Odebrecht y sus filiales.
Gómez González reportó, además, que a iniciativa de la dependencia a su cargo se han constituido 305 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la participación colegiada y activa de servidores públicos, a fin de propiciar la integridad de quienes forman parte de la administración pública.
Con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), indicó que, aprovechando la experiencia técnica, la SFP generó y presentó siete propuestas para construir la Política Nacional Anticorrupción, la Plataforma Digital Nacional y los Formatos de Declaración Patrimonial y de Intereses.
Además, la Secretaría de la Función Pública ha capacitado a más de 15 mil servidores públicos del gobierno federal, incluyendo órganos de vigilancia y control, en torno al SNA, que se encuentra en etapa de instrumentación y fortalecimiento.
Finalmente, reiteró el llamado a tomar conciencia de que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción exigirá transitar por un proceso de evaluación, adaptación y mejora e insistió en que se debe evitar la búsqueda de soluciones rápidas, frágiles y poco articuladas; “debemos dar espacio para que el Sistema se consolide, madure y se perfeccione”.
