Según el diagnóstico presentado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el foro regional de consulta para elaborar el Programa Nacional Hídrico 2019-2024, realizado hace unos días en esta ciudad, muestra que en México hay 757 cuencas de aguas superficiales, de las cuales 108 están sobreexplotadas y 272 cuentan con decretos de veda, así como 653 acuíferos de los cuales 105 están sobreexplotados y 147 vedados. Es preocupante el estado en que se encuentra el agua dulce de la que depende la población, la naturaleza y la economía de nuestro país.
La sobreexplotación de estos cuerpos de agua dulce superficial y subterránea frecuentemente va asociada a la sobreconcesión y contaminación por diferentes causas, condición que encierra una compleja problemática que ha rebasado, en el mayor de los casos, las capacidades institucionales para resolverla. Estamos ante una situación crítica en la que no solo se presenta un daño ambiental al recurso hídrico expresado en el deterioro de su calidad, sino también ante el impacto que tiene en la salud humana.
Si bien son diversos las formas en que ocurre ese deterioro, sea por contaminantes biológicos, físicos o químicos, destacan entre estos últimos la presencia de Arsénico que se registra en quince entidades federativas del país y con daños en dos millones de personas que ya sufren los padecimientos derivados de la ingesta crónica de agua con concentraciones por encima de los límites tolerables por el organismo humano.
La gravedad del problema se acentúa porque estos límites en México se establecieron en la NOM-127-SSA-1994 en 0.050 mg/L, la cual en el año 2000 se modificó y se mantiene vigente en 0.025, cuando la Organización Mundial de la Salud ha emitido una directriz que la baja a 0.010 mg/L, medida que adoptaron países como los Estados Unidos pero no se ha aplicado en el nuestro, ya que desde 2010 existe un proyecto de NOM que establecería este estándar internacional pero fue parado en la propia Cámara de Diputados.
Desafortunadamente la Comarca Lagunera es uno de los focos rojos donde enfrentamos esta situación de contaminación de agua por Arsénico, como lo demuestran diversos reportes oficiales y académicos; aquí se registra desde hace cuatro décadas el daño a la salud humana por la presencia de este metal pesado en concentraciones elevadas, situación que se asocia a la sobreexplotación a que hemos sometido nuestros acuíferos, sobre todo el denominado Granular Principal que abastece a la mayor parte de la población y la economía regional.
Tal situación requiere urgente atención y es meritorio que los diputados federales que forman parte de la Comisión de Salud la aborden como parte de su agenda, ya que el rezago en que se encuentra advierte su gravedad y la necesidad de no dejarla en un mero espacio informativo; los ciudadanos debemos involucrarnos participando junto con las instituciones del sector ambiental-hídrico y de salud en la gestión de las soluciones que ayuden a resolverla.
En casos como el de nuestra región el problema presenta un enorme grado de dificultad por la resistencia que muestran los principales usuarios de agua a regular las extracciones con sistemas de medición confiable, por lo que continúa la sobreexplotación de los acuíferos y se acentúa su contaminación. Es lamentable que los políticos que ejercen liderazgos en los diferentes niveles de gobierno estén evadiendo enfrentar el problema con soluciones que no se centran en resolverlo.
Sucede con los intentos que están realizando por buscar el financiamiento para potabilizar aguas superficiales y no por recuperar nuestros acuíferos, mostrando su visión cortoplacista ante un grave problema que está afectando la salud pública de los laguneros de nuestra generación, a la vez que la posponen y heredan a las siguientes. Ante esta omisión gubernamental la participación ciudadana puede ser el factor que encauce esa búsqueda y aplicación de alternativas de solución.
