Si se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en México hay que modificar el modelo de gestión metropolitana para fortalecerlo. Y no sólo se trata de ampliar y reformar el fondo metropolitano. Es necesario, también, transformar, o crear donde no lo haya, el modelo de gobernanza de las metrópolis. México es un país urbano desde los años 70. Pero México es también un país metropolitano. Siete de cada 10 mexicanos viven en una metrópoli, es decir, un área compartida por dos o más ciudades de uno o varios municipios. Las decisiones que toma un gobierno de un municipio metropolitano y los problemas a los que se enfrenta, no sólo impactan a sus ciudadanos, sino también a los ciudadanos de los municipios contiguos. La visión localista de la planeación y el desarrollo urbano quedó rebasada desde hace tiempo. Sin embargo, en términos generales, los marcos regulatorios, los presupuestos, así como los planes de obras y programas no han sido puestos al día para propiciar formalmente un enfoque integrador y una acción coordinada. La voluntad de coordinación se ha quedado en los escritorios de las dependencias públicas o, en el mejor de los casos, en esfuerzos aislados. El fondo metropolitano, una partida presupuestal etiquetada para obras de impacto conurbado, fue creado con la intención de atender las necesidades de una nueva realidad urbana. No obstante, dicho esquema está rebasado y requiere un replanteamiento y una reestructura que lo haga más eficiente. En general, todo el modelo de gestión metropolitana debe ser sometido a un profundo análisis con miras a ampliar sus perspectivas, adecuar sus desafíos y ensanchar sus horizontes y miradas.
El concepto de metrópoli o metrópolis ha cambiado a lo largo de la historia. Por su raíz etimológica griega se traduce como "ciudad madre". En el contexto de la Grecia de los siglos VIII al IV a. C., una metrópolis era aquella ciudad de la que provenían los pobladores que colonizaban un territorio para fundar una nueva ciudad. Este concepto se mantuvo vigente con esta acepción durante más de 2,500 años, pero con una ligera modificación en su alcance. En el contexto de la Europa de los siglos XVI al XIX, una metrópoli hacía referencia al Estado central de un imperio colonial. Pero en el siglo XX el concepto se transformó en el contexto de la explosión demográfica y la revolución de la expansión urbana. Las ciudades crecieron a un ritmo sin precedentes, y las urbes más grandes generaron una fuerza centrípeta que, o bien propiciaron el surgimiento de nuevas ciudades adjuntas, o terminaron conectadas a otras ya existentes. En este nuevo contexto, metrópoli o metrópolis adquiere el significado de "ciudad principal". En el siglo XXI la transformación semántica ha continuado para derivar en una especie de "ciudad de ciudades", una conurbación que abarca uno o varios municipios urbanizados que cuentan con una dinámica social, económica, ambiental y cultural más o menos común, aunque políticamente se encuentren divididos. De metrópoli se deriva el concepto de zona o área metropolitana para hacer referencia al espacio que ocupa la conurbación. Esta realidad representa nuevos desafíos para las ciudades, cuyo marco de decisión y acción ya no es suficiente para resolver problemas y delinear y concretar proyectos. Es así que surge la necesidad de una gestión o gobernanza metropolitana que permita a las ciudades construir soluciones en conjunto para los problemas comunes. En México existen 74 zonas metropolitanas reconocidas por el Consejo Nacional de Población, de las que 58 abarcan dos o más municipios, y siete son interestatales, como es el caso de La Laguna.
Para intentar responder a la nueva realidad urbana o, mejor dicho, metropolitana, del país, el Congreso de la Unión creó en 2005 el Fondo Metropolitano, primero sólo para la metrópoli de la Ciudad de México, y más tarde ampliado a las demás. El objetivo de este fondo es proporcionar recursos etiquetados a obras y programas de impacto metropolitano. En su mejor año, 2016, el Fondo llegó a acumular una bolsa de 10,400 millones de pesos. Pero en los últimos tres ejercicios el monto ha sido de apenas 3,300 millones y para 2020 se espera una cifra similar. Aunque ha habido legisladores federales y gobiernos locales y estatales que han señalado la necesidad de aumentar la bolsa, ya que las necesidades siguen siendo muchas, el principal problema del Fondo Metropolitano no está en la cantidad de recursos, sino en su esquema de decisión, aplicación y supervisión. Y es que, como hemos visto en el caso particular de La Laguna, quienes ejercen el dinero y deciden los proyectos son los gobiernos estatales, no los ayuntamientos, quienes cuentan con voz pero no con voto en la mesa de toma de decisiones. Esto ha propiciado que los ejecutivos de los Estados utilicen los recursos del fondo para tapar los hoyos de sus presupuestos lo que abre la puerta a obras y programas que no fortalecen el desarrollo metropolitano. Pero en el caso de las que sí lo hacen, hemos visto que el desfase de intereses y la falta de coordinación han derivado en proyectos que no se concretan en todo el espacio de la metrópoli. El ejemplo más elocuente de este problema es el Metrobús o BRT de La Laguna, del cual ya he hablado en varias columnas. Es por eso que este esquema de gestión de recursos para las metrópolis debe cambiar, y parece que el consenso sobre la necesidad de cambios en las reglas ha ido creciendo.
A inicios de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de México el seminario de "Gobernanza Metropolitana", en donde la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, propuso "redefinir las instituciones de gobernanza metropolitana con una óptica innovadora", y crear un plan que incluya "la participación y propuestas de los municipios, así como los mecanismos y modelos de financiamiento". Esta iniciativa puede converger con la presentada hace días por el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo de fortalecer la figura del municipio en México. Si se asume que las realidades y problemas del 70 por ciento de los habitantes del país son de carácter metropolitano, en consecuencia, se debe establecer un modelo de gobernanza que ponga a los municipios y las conurbaciones a las que pertenecen en el centro de la toma de decisiones, con el respaldo de los estados y la Federación. Deben ser las ciudades metropolitanas las que, en común acuerdo y sobre la base de un mínimo de consensos, decidan qué hacer con los recursos y cómo hacerlo, sin que ello implique excluir a los otros ámbitos de gobierno, quienes pueden apoyar en construcción de acuerdos, capacidad operativa, complemento de recursos, etc. Si los ayuntamientos son los órganos de gobierno más cercanos a los ciudadanos, la lógica obliga a que sean ellos los que asuman el papel protagónico en los esquemas de gobernanza metropolitana a través de la creación de asociaciones, consejos, comités e institutos que funcionen alejados de la dinámica electoral y tengan poder de tomar decisiones de carácter vinculante.
Pero reformar el Fondo Metropolitano no es suficiente, al menos no para La Laguna. Se requiere transitar hacia una nueva mirada de la realidad, los problemas y las soluciones de la metrópoli. Dicha mirada debe incorporar tres visiones: una integral, otra transversal y una más regional. Incorporar una visión integral quiere decir que los problemas de la zona metropolitana no pueden tratarse de forma aislada entre sí. Entender, por ejemplo, que una realidad económica tiene impactos sociales, ambientales y culturales, y que, por ende, las reflexiones y acciones que deriven de ellas deben pasar por todas estas miradas de manera que no se siga contribuyendo al desequilibrio de los distintos ecosistemas. La seguridad pública depende del desarrollo económico, la educación y el cuidado del medio ambiente, como el desarrollo económico sostenible de los otros tres factores. Tener una visión transversal significa que todos los municipios de la conurbación asuman ese papel protagónico y expresen sus intereses en el marco de las nuevas instituciones metropolitanas. Que no sea una sola ciudad, en nuestro caso Torreón, la que termine por monopolizar el debate e imponer sus intereses, con todo y que sea la más grande, poblada y diversa. Por supuesto que este punto en particular no será fácil, dadas las inercias, recelos y rivalidades existentes, pero es necesario para construir una vía de entendimiento mínimo. Por último, contar con una visión regional quiere decir no hacer a un lado a las ciudades no conurbadas ni al área rural. La construcción de un nuevo equilibrio regional y de una gobernanza metropolitana debe incorporar la mirada de quienes habitan en comunidades más pequeñas para que puedan ellos también mejorar su calidad de vida y no se vean en la necesidad de migrar y romper sus raíces. Subordinar los intereses de toda la región a los de la gran mancha urbana es apostarle a un modelo obsoleto e insostenible de ciudad. Nuevamente aquí el equilibrio es necesario. No podemos seguir creciendo a costa de nuestro entorno natural y a costa de quienes menos beneficios han tenido hasta ahora.
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