La compraventa de votos y de avales están entre los delitos electorales más cometidos en Colombia, aseguró este martes la Misión de Veeduría de la Organización de Estados Americanos. (ARCHIVO)
La compraventa de votos y de avales están entre los delitos electorales más cometidos en Colombia, aseguró este martes la Misión de Veeduría de la Organización de Estados Americanos (OEA) al hacer un balance de los comicios locales y regionales del pasado domingo.
"Recibimos denuncias de los dos fenómenos, tanto de la venta de avales como de la compra de votos. Lo que nosotros logramos constatar en esta elección es que se trata de prácticas aisladas, no podemos hablar de una práctica generalizada", afirmó en una rueda de prensa en Bogotá el jefe de Misión de la OEA, Leonardo Valdés.
La venta de avales es una práctica que consiste en el pago a partidos o movimientos políticos para que inscriban como suyo un candidato que no lo es.
En cuanto a la venta de votos consiste en recibir dinero de terceros a cambio de votar por determinado candidato.
La misión fue informada sobre la de venta de avales por parte de distintos partidos, así como de la trashumancia, delito que consiste en inscribir el documento de identidad en un lugar distinto al de residencia para poder votar por alguien que no corresponde a su zona.
La Misión de la OEA conoció que antes de las elecciones del domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de 1,065.741 cédulas de ciudadanía por sospechas de trashumancia y se notificó dicha medida a los afectados por medios electrónicos.
Para estos comicios, en los que los colombianos eligieron alcaldes, gobernadores, concejales y diputados regionales estaban convocados más de 36.6 millones de electores.
Según detalló la misión, los comicios contaron con una importante presencia de las fuerzas de seguridad pública en los puestos de votación pero aún así se reportaron incidentes aislados de violencia en algunos municipios.
Se destacan incidentes en el departamento de Magdalena en el caribe colombiano, tales como el bloqueo de puestos de votación, destrucción de material electoral y la quema de la Registraduría en el municipio de San Zenón.
Igualmente hubo disturbios que impidieron la continuación de la votación en la vecina localidad de Pijiño del Carmen.
El informe de la OEA recogió además los problemas de violencia ocurridos durante la campaña electoral, periodo en el cual "se registraron 7 homicidios de candidatos, 16 atentados y el secuestro de un candidato que hasta la celebración de los comicios no había sido localizado".
La participación electoral fue un aspecto positivo de la jornada electoral ya que la Misión observó una participación a nivel nacional del 55 %, superior a la de las elecciones locales y regionales de 2015.
La OEA celebró la agilidad en el conteo de votos y divulgación de resultados por parte de la Registraduría Nacional, organismo que organiza las elecciones.
"La publicación de los resultados se realizó a través de boletines informativos, cada cinco, diez o veinte minutos dependiendo del cargo. La ciudadanía conoció los resultados de pre-conteo de manera oportuna en la misma tarde de la elección", afirmó la Misión de la OEA.
