Jair Bolsonaro, adoptó políticas contra los derechos humanos en cuestiones relacionadas con el medioambiente y la seguridad pública, llegando a poner en riesgo a las poblaciones 'más vulnerables', según denunció Human Rights Watch. (ARCHIVO)
Durante su primer año de mandato, el Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, adoptó políticas contra los derechos humanos en cuestiones relacionadas con el medioambiente y la seguridad pública, llegando a poner en riesgo a las poblaciones "más vulnerables", según denunció Human Rights Watch en su último informe.
En el Informe Mundial 2020, Human Rights Watch (HRW) critica al Gobierno brasileño por dar "carta blanca" a las redes criminales que "destrozan" la Amazonía, una cuestión que consideran "no meramente ambiental", sino también un problema "gravísimo de seguridad pública y justicia".
En materia de medioambiente, la organización denunció el incremento de la deforestación durante el primer año de Gobierno de Bolsonaro e instó a las autoridades a adoptar medidas contra las redes criminales que "destruyen" la Amazonía.
"El ataque de Bolsonaro a las agencias de fiscalización ambiental está poniendo en riesgo la Amazonía y a aquellos que la defienden", puntualizó la directora de Human Rights Watch en Brasil, Maria Laura Canineu, citada en el informe.
En este sentido, Canineu destacó la necesidad de que el ministro de Justicia brasileño, Sérgio Moro, lidere una "respuesta energética para desmantelar las redes criminales que se lucran con la tala ilegal y que intimidan y atacan a los defensores del bosque".
Por otro lado, la organización acusó al Gobierno de haber "debilitado los esfuerzos de prevención de tortura", pues según el informe la superpoblación de las cárceles brasileñas dejó a los presos "más vulnerables a la violencia y al reclutamiento por parte de facciones criminales".
En concreto, el estudio contabilizó la muerte de 117 presos en cinco cárceles de los estados de Amazonas y de Pará en menos de tres meses en 2019.
En esta línea, la organización también criticó la iniciativa de Bolsonaro de presentar al Congreso un proyecto de ley que trataría automáticamente como "actos de legítima defensa" las muertes causadas por acción policial y militares si eran ejecutados contra personas que llevasen armas de forma ostentosa o estaban implicadas en actos criminales.
Pero Human Rights Watch concretó que los padrones internacionales de derechos humanos permiten matar a personas deliberadamente "solo cuando sea necesario para proteger una vida".
Según el estudio, la policía de Río de Janeiro mató a un total de 1.686 personas entre enero y noviembre de 2019, una cifra "récord", resultado de un "uso ilegal de la fuerza" y de los "abusos policiales", que contribuyen a la generación de un "ciclo de violencia", perjudicial para la seguridad pública.
Además, la organización se mostró preocupada ante la "cronicidad" de la violencia de género en el gigante suramericano, donde en 2018 había un millón de casos de violencia doméstica pendientes de juicio.
"Si bien el Gobierno brasileño dijo que una de sus prioridades de derechos humanos eran las políticas volcadas a la mujer, en noviembre solo había ejecutado el 40 % de su presupuesto", detalla el informe.
Entre otros, la organización también criticó los continuos ataques de Bolsonaro a organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación, así como su intento de "restringir" el acceso de los niños a la educación sexual integral.
A lo largo del informe, Human Rights Watch resume el estado actual de los derechos humanos en más de cien países, entre ellos China, donde, según la organización, están siendo amenazadas "décadas de progreso en los derechos humanos".
