La crisis generada por la pandemia global de coronavirus ha evidenciado de manera contundente las problemáticas más padecidas por ciudadanos de todo el mundo, en términos de sus condiciones socioeconómicas, y la respuesta de la que son capaces los gobiernos de la mano de sus instituciones.
Pasa igual con el fenómeno metropolitano que en México y América Latina en general, se había venido colocado al centro de la discusión sobre planeación, gestión urbana y políticas públicas de coordinación de los órdenes concurrentes de gobierno.
La pandemia tiene un primer impacto de tipo administrativo: las entidades públicas se han abocado a dar respuestas para resolver la contingencia, desde una perspectiva de la urgencia, pero no necesariamente con mirada estratégica de mediano y largo plazo.
En La Laguna quedamos a unos pasos de concretar la firma de un convenio para dar formalidad a la coordinación metropolitana, que fue anunciado en el marco del Foro Metropolitano en febrero, al que acudimos organizaciones de la sociedad civil, alcaldes, representantes de gobiernos estatales y del Gobierno federal. Al llegar el tiempo de la emergencia sanitaria, supimos que el proceso se detuvo en uno de sus últimos pasos para atender la contingencia con la capacidad total de municipios y estados.
Sin embargo, desde Metrópoli Laguna hemos observado que la situación que prevalece en los municipios conurbados es una oportunidad para fortalecer el capital social que ya había acumulado esta estrategia de acompañamiento al proceso de metropolización, e impulsar la gobernanza metropolitana. En este momento, en que se agudizan los síntomas del desorden urbano, la inequidad en el acceso a servicios de calidad, la precariedad de las viviendas en la periferia, la falta de infraestructura y planes de movilidad no motorizada, las condiciones informales de empleabilidad de nuestra zona, las violencias domésticas que impactan a mujeres pero también a la niñez y los adultos mayores, entre otros temas de la mayor importancia, creemos que es indispensable continuar impulsando la ruta hacia el ordenamiento de nuestra zona metropolitana.
En México, el 63% de la población habita las 74 zonas metropolitanas que se tienen reconocidas y registradas. Evidentemente, la densidad de población en estos centros, así como sus dinámicas económicas, les colocan entre las zonas con mayor número de contagios. Es por ello que hablar de coordinación metropolitana en este momento es especialmente relevante.
La gobernanza metropolitana es una forma de planear y actuar que pone al centro un modelo de comunicación entre actores públicos, privados y sociales que se organizan de manera formal para mejorar el proceso de la toma de decisiones sobre el territorio metropolitano, de manera que se incluyan visiones diversas orientadas a la inclusión y el desarrollo sostenible de la región. En estos modelos, quienes tienen mayores posibilidades de fortalecer sus capacidades para incidir de manera más puntual son precisamente los actores más locales, tanto gubernamentales como técnicos y sociales.
Enfrentamos, como ya han dicho voces especializadas, las medidas de restricción y distanciamiento social desde realidades profundamente desiguales en nuestra metrópoli y el resto de las ciudades de Latinoamérica. El ordenamiento territorial en una zona metropolitana es fundamental para estrechar estas brechas de desigualdad por inaccesibilidad, e incluir en esta dimensión de la planeación urbana la perspectiva de género, de manera trasversal, para garantizar no sólo la seguridad física y social de las mujeres sino al mismo tiempo, de todas las demás categorías de población altamente vulnerables.
Ana Falú, arquitecta de origen argentino y activista en materia de derechos humanos, realizó apuntes importantes y necesarios sobre esta pandemia, a nivel de participación social, en el marco del conversatorio virtual "Gobernanza metropolitana: respuestas y retos ante el Covid-19" organizado por la SEDATU. Falú llamó a los gobiernos a reconocer las condiciones demográficas de sus territorios para atender la contingencia. Pero también recordó que en América Latina han sido las comunidades desde sus organismos sociales las que han dado muestras de respuestas solidarias para mitigar los efectos económicos que se resienten, una vez más, en los hogares de los menos privilegiados.
En La Laguna también hemos sentido este efecto de participación ciudadana. Sin embargo, de nuevo, es importante generar estrategias para evitar que esta ola de involucramiento pierda fuerza una vez que regresemos a la norma cotidiana. Más importante aún, es tiempo para consolidar espacios formales de participación sustantiva de la mano de las instituciones gubernamentales, e impulsar mejoras al marco legal vigente de coordinación metropolitana.
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