La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) alertó este domingo de que durante el desarrollo de la pandemia de la COVID-19, tanto los talibanes como las fuerzas gubernamentales y otros actores, han incrementado sus 'ataques deliberados' contra el personal y las instalaciones sanitarias. (EFE)
La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) alertó este domingo de que durante el desarrollo de la pandemia de la COVID-19, tanto los talibanes como las fuerzas gubernamentales y otros actores, han incrementado sus "ataques deliberados" contra el personal y las instalaciones sanitarias.
"En un momento en que se requería una respuesta humanitaria urgente para proteger todas las vidas en Afganistán, tanto los talibanes como las fuerzas de seguridad afganas llevaron a cabo acciones violentas deliberadas que socavaron las operaciones de atención médica", aseguró la representante del jefe de la UNAMA, Deborah Lyons, citada en un comunicado.
"No hay excusa para tales acciones; la seguridad y el bienestar de la población civil deben ser una prioridad", agregó, a la vez que señaló la "grave preocupación" de la ONU por estos hechos.
La jefa de Derechos Humanos de la UNAMA, Fiona Frazer, subrayó además que "la perpetración de ataques selectivos contra la atención médica durante la pandemia de la COVID-19, en un momento en que los recursos médicos ya están agotados y son de importancia crítica para la población civil, es particularmente censurable".
SECUESTROS DE PERSONAL MÉDICO
En su informe, la misión de la ONU recoge que, entre el 11 de marzo -cuando la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el brote de coronavirus- y el 23 de mayo -cuando los talibanes y el Gobierno afgano acordaron una tregua de tres días-, se produjeron 15 ataques que afectaron a la provisión de atención médica.
De esos quince incidentes, ocho se los atribuye a los talibanes, como el ataque a una farmacia y el secuestro de 23 trabajadores sanitarios en 7 incidentes.
En uno de esos "incidentes", el pasado 22 de marzo, los talibanes secuestraron a 5 trabajadores sanitarios de una ONG, cuyo nombre no facilita, que trabajaban en la provincia de Kunar (noreste) proveyendo servicios médicos declarados obligatorios por el Gobierno.
Según la UNAMA, los talibanes "acusaron (a los sanitarios) de no servir adecuadamente a la población local", aunque los pusieron en libertad tras dos días de cautiverio gracias a la mediación de jefes tribales. Unos hechos que califica de "injustificables en cualquier circunstancia".
Por otro lado, la Misión también documenta al menos 3 ataques cometidos por las fuerzas de seguridad afganas en ese periodo, entre ellos "un ataque aéreo" el 19 de mayo sobre una instalación sanitaria talibán en la norteña provincia de Kunduz, lo que para la ONU demuestra un "evidente desprecio por el derecho internacional humanitario".
Asimismo, acusa a las fuerzas gubernamentales de haber "interrumpido intencionalmente los servicios de salud a través de amenazas al personal sanitario y el saqueo de suministros" en al menos dos ocasiones entre el 11 de marzo y el 23 de mayo.
ATAQUE A UNA MATERNIDAD: POSIBLE CRIMEN DE GUERRA
El informe de la UNAMA hace una especial mención al ataque contra la maternidad del hospital Dasht-e-Barchi de Kabul, gestionada por Médicos Sin Fronteras (MSF), que el pasado 12 de mayo causó la muerte de 25 personas, entre ellas 16 madres y 2 niños, según la ONG.
La Misión se muestra "profundamente perturbada" por ese ataque perpetrado por "grupos desconocidos" que constituye "una violación flagrante del derecho internacional y puede equivaler a un crimen de guerra".
Aunque la acción no fue reivindicada por ningún grupo, el Gobierno afgano se lo atribuyó entonces a los talibanes, que lo desmintieron rápidamente; en tanto que Estados Unidos, a través de su enviado especial para la Reconciliación Afgana, Zalmay Khalilzad, aseguró que había sido obra del grupo yihadista Estado Islámico (EI).
El ataque en el hospital de Kabul coincidió el mismo día con un atentado suicida durante el funeral de un policía que, juntos, dejaron casi 60 víctimas mortales. En ese caso el EI sí reivindicó la acción.
A causa del brutal ataque contra la maternidad, Médicos Sin Fronteras, anunció el pasado 15 de junio el cese de sus actividades en la zona, poblada por la minoría chií hazara -víctima habitual del EI-, al no poder garantizar la seguridad de su personal y sus pacientes.
