En innegable la necesidad de contar con mecanismos más eficientes de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para dar respuesta a cualquier situación de crisis o problema a escala local. La pandemia por COVID no es una excepción, sino una fotografía clara de los obstáculos y las afectaciones más severas que pueden ocasionarse por falta de organización y acuerdos conjuntos para generar certezas.
La Ley General de Ordenamiento Territorial, vigente desde el 2016 en México, señala atribuciones concretas para cada orden de gobierno en materia de desarrollo urbano y desarrollo metropolitano que deben ser ejercidas de manera concurrente (LGAHOTDU, Art. 7). Es decir, que para cada tema específico cuya atención requiera de planeación y toma de decisiones coordinadas, existen atribuciones federales, estatales y municipales que deben ejercerse de manera simultánea, sin atropellarse y procurando que cada una sume a las capacidades de las demás en beneficio de la sociedad afectada/beneficiada.
La salud de la ciudadanía ha quedado de manifiesto contundente en esta pandemia. Es uno de esos temas fundamentales para atender desde una perspectiva de atribuciones concurrentes en el que el objetivo mínimo común es prevenir contagios de coronavirus y atender eficientemente a quienes han resultado positivos. Las instituciones, órganos y personas encargadas de llevar a cabo tareas específicas al respecto deberían estar, si no coordinadas que es ideal y mandato legal, por lo menos en comunicación continua y estructurada para estar en la mejor posibilidad de dar atención inmediata e integral.
Alrededor de la crisis sanitaria, como ya sabemos, surgen y se agudizan otros problemas ocasionados por la necesidad de medidas de aislamiento y prevención, como la crisis de empleo por el cierre de sectores productivos "no indispensables", la complejidad de adaptar una escuela virtual para continuar con los programas educativos en todos los niveles, el aumento en la incidencia de violencia familiar durante la cuarentena, la necesidad de adaptar las formas de movilidad en las ciudades, etcétera.
Para cada tema, es necesario identificar y señalar la necesidad de coordinación. En La Laguna el reto es más complejo pues aquí concurren dos entidades federativas, además de los municipios y las instituciones federales en materia de salud, economía, seguridad pública, desarrollo social, educación, infraestructura vial y transporte.
Diseñar, construir y aceitar ese engranaje para que funcione consistentemente, también es tarea de la ciudadanía organizada que comprende la importancia y promueve estos procesos. Desde la sociedad civil podemos acompañar a las y los tomadores de decisiones para ir concretando espacios, discusiones, propuestas y proyectos en el tránsito de los modelos tradicionales de gobierno a los de gobernanza metropolitana.
Con esta idea en mente, las OSC que participamos en la Mesa de Salud convocamos a los alcaldes y alcaldesas de seis municipios en nuestra zona metropolitana: acudieron Gómez Palacio de parte de Durango y Torreón, Francisco I. Madero y San Pedro de Coahuila. En la reunión, todos coincidieron en las posibilidades y limitaciones de sus atribuciones frente a la pandemia, y acordaron reforzar ese vínculo intermunicipal para empezar o continuar una coordinación más estrecha con las autoridades estatales y federales en términos de las necesidades específicas de cada municipio y, al mismo tiempo, comunes a la metrópoli lagunera.
