El Derecho a la Información Pública en México ha sido una conquista, igual que cualquier otra libertad que garantiza la Constitución, y producto del análisis, la reflexión, la necesidad y la demanda ciudadana. Aunque el artículo 6° introduce desde 1977 la "garantía individual de acceso a la información", es hasta el 2002 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental", abriendo camino a la instalación de órganos constitucionales autónomos (OCAS) o con autonomía legal para garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información en posesión de las instituciones públicas del Estado.
Gobiernos de los tres órdenes están obligados desde entonces, no sólo a informar cuánto gastan, cómo distribuyen el presupuesto y qué empresas contratan para brindar sus servicios, sino, y más fundamentalmente, a explicar sus razones para tomar la decisión de ejercer esos gastos. Es decir, están obligados a rendir cuentas.
Los OCAS, locales y federales, han enfrentado distintos retos desde su constitución legal y para integrar sus consejos con verdadera autonomía del poder político. Sin embargo, la sociedad civil puede retomar un análisis puntual de las fallas en cada entidad y dedicar su lucha ciudadana a fortalecer y mejorar las capacidades y la autonomía de sus garantes de la información pública, antes que cancelarlos y empezar a imaginar nuevas vías para garantizar el derecho constitucional a estar verazmente informados del quehacer gubernamental.
Sin duda, una de las dimensiones de la vida pública que más requiere de información para cumplir con su cometido, es la de la planeación. La planeación involucra una alta dosis de conocimiento y capacidad de análisis de la realidad para elaborar propuestas con base en evidencias, experiencias y sumarle perspectivas de innovación. Sin bases de datos, sin acceso a información pública, la planeación sería un ejercicio del ámbito de la ficción, en el mejor de los casos, de las buenas intenciones y la ilusión.
Los modelos de gobernanza que están construyendo e implementando las ciudades más progresistas del mundo, y las posibilidades que estamos imaginando para La Laguna, colocan al centro de toda la planeación y la toma de decisiones del orden metropolitano a grupos de la ciudadanía organizada que participen activamente en todos sus procesos. Para impulsar y promover esta participación ciudadana, es indispensable contar con instituciones guardianas del derecho al acceso a la información de los tres órdenes de gobierno, además de espacios donde las autoridades deban rendir cuentas sistemáticamente.
