La justicia federal retiró la protección que impedía solicitar una orden de aprehensión contra tres operadores de Emilio Zebadúa.
La justifica federal retiró la protección judicial que impedía a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar una orden de aprehensión contra tres operadores de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedatu y la Sedesol, en los presuntos desvíos de la Estafa Maestra.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México revocó la suspensión definitiva que desde principios de noviembre impuso a la FGR la prohibición de pedir las capturas contra los indiciados en una investigación que inició desde 2015.
El fallo da luz verde a la Fiscalía para proceder contra Humberto René Islas Cortés, exdirector de Recursos Materiales; Enrique Prado Ordóñez, exdirector de Adquisiciones y Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza González, exdirectora de Recursos Humanos, cargos que desempeñaron en las dos dependencias.
La suspensión definitiva les fue concedida por el juez federal Antonio González García en un amparo en el que los tres quejosos reclamaron que la FGR había sido omisa en declarar que estaban prescritos los delitos investigados.
Sin embargo, los tres magistrados del colegiado determinaron que este argumento era insuficiente para mantenerle amarradas las manos a la Fiscalía, porque la prescripción del delito bien puede ser analizada por el juez que en su momento resuelva la solicitud de orden de aprehensión.
"El juez de amparo otorgó la suspensión para que no se consigne la averiguación previa. Se revoca y se niega la suspensión, porque aún ejerciendo acción penal podría analizarse en otra etapa la prescripción; y en ese supuesto se impone el interés público de no paralizar los procedimientos", indicaron.
La FGR indaga a Zaragoza y Prado por un contrato presuntamente indebido que adjudicó la Sedesol a la Sedesol con la Universidad Intercultural del Estado de México por 124 millones 100 mil pesos para levantar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS).
De acuerdo con la Fiscalía, la UIEM subcontrató los servicios por sólo 61 millones 222 mil 808 pesos y, a la fecha, se desconoce el destino de los restantes 62 millones 877 mil 192 pesos.
