Las zonas metropolitanas de México constituyen gran parte del territorio urbano y un activo fundamental para el desarrollo económico y la competitividad del país. También enfrentan los mayores retos, debido a la complejidad de su ordenamiento político y territorial, para enfrentar problemas comunes como el deterioro del medio ambiente, la desigualdad social, la movilidad de personas y mercancías, así como el abastecimiento de agua potable, la seguridad pública y otros temas de interés urbano.
Según la Ley General de Ordenamiento Territorial, vigente desde el 2016, esta complejidad de las zonas conurbadas, metropolitanas y megalópolis, implica la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en distintas atribuciones para impulsar su gobernanza y desarrollo sostenible. Las reformas a esta misma ley del 2019 contienen la implementación de institutos metropolitanos de planeación para impulsar una planeación más eficaz del territorio urbano y su desarrollo sostenible, incluyente y democrático.
Sin embargo, el artículo 115 constitucional, referente a la organización política del país y las atribuciones de los municipios, no refleja la obligatoriedad de dichas zonas metropolitanas para acatar las disposiciones de ordenamiento metropolitano, sino que las plantea como una característica opcional.
Dos reformas a estas leyes han sido planteadas recientemente para tratar de resolver estos vacíos legales que permiten a zonas como La Laguna continuar en un limbo administrativo que detiene su desarrollo integral:
1. Iniciativa de Reforma a diversas disposiciones a la Fracción III del Artículo 115 constitucional, en materia de Integración de Zonas Metropolitanas. Presentada por el senador José Alberto Galarza Villaseñor el 10 de marzo del 2021
2. Iniciativa de Reforma a diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza. Presentada por el diputado local Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, el 22 de junio del 2021
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de contar con un diseño institucional que permita y obligue a los tres órdenes de gobierno, en el marco de sus particulares atribuciones, la instalación de institutos de carácter técnico que den certeza y viabilidad a los planes y proyectos que hayan de implementarse en zonas conurbadas.
¿Son necesarios estos institutos? ¿Cuáles son las resistencias que han enfrentado en el camino para ser consolidados en la práctica desde su planteamiento legislativo?
Además de las evidentes dificultades políticas de organizar a gobiernos municipales y estatales para el caso de La Laguna, las diferencias en marcos normativos (leyes locales y reglamentos municipales) reúnen una serie de dificultades que han sido señaladas por las propias autoridades locales, y es por ello que la intervención del gobierno federal, a través de la SEDATU, debe intervenir en el marco de sus atribuciones para iniciar el proceso de metropolización y dar viabilidad a la instalación de una institución de planeación metropolitana. El argumento de la interestatalidad es usado con frecuencia para hablar de una supuesta imposibilidad de dicha encomienda. Sin embargo, la falta de acuerdos incluso entre municipios laguneros de la misma entidad resulta sintomática de una realidad política que se resiste a construir acuerdos comunes, en muchas ocasiones por motivos estrictamente partidistas.
Otro obstáculo para la planeación con enfoque metropolitano y vinculante es un temor expreso e insinuado a la pérdida de autonomía municipal. Es necesario, y uno de los objetivos de Metrópoli Laguna, dialogar y socializar las ventajas que implica una nueva forma de organización coordinada que permita sumar las capacidades de gobiernos municipales junto a la sociedad civil a través de sus universidades, cámaras y ONGs, para diseñar y gestionar proyectos de mayor impacto, con la posibilidad también de acceder a presupuestos no sólo locales y federales, sino incluso internacionales, en beneficio de toda la zona metropolitana.
Los institutos de planeación serían innecesarios si la lógica de la administración pública local hubiera establecido, históricamente, mecanismos formales o informales para generar acuerdos comunes en nuestra zona que nació metropolitana. Esta, lamentablemente, no ha sido la realidad.
Conocer e impulsar la agenda metropolitana, que no es una novedad local sino una tendencia mundial que nos deja, nuevamente, fuera de la jugada competitiva y de desarrollo social con respecto a otras ciudades del mundo, es una tarea no sólo de gobiernos e instituciones públicas, sino que la ciudadanía organizada en La Laguna hemos tomado como bandera común desde trincheras diversas, en un ánimo democrático y participativo.
