Continúa la discusión pública sobre el agua en La Comarca Lagunera. A la luz de los documentos académicos y gubernamentales, ya es del conocimiento de una parte importante de la población lagunera que la causa del déficit en el abasto doméstico y la contaminación que sufre el agua del subsuelo, se originan en la sobreexplotación del Acuífero Principal. Sin embargo, si está identificada la causa la pregunta que todos nos hacemos es ¿Por qué no se atiende? Agua Saludable es un proyecto que pretende potabilizar agua del río Nazas durante los próximos 25 años, pero no contempla como frenar la sobreexplotación para recuperar el acuífero, lo más que ofrece es dejar de bombear agua de los pozos que actualmente se destinan para uso doméstico-urbano.
La sobreexplotación implica que se está extrayendo más agua(1,088.5 Hm3)que la que ingresa cada año al Acuífero Principal (534.1 Hm3), un volumen equivalente al doble, de los cuales solo esta concesionado una parte (647.5 Hm3), es decir con permiso, por lo que se está bombeando ilegalmente del subsuelo un volumen importante (441.0 Hm3), sin permiso. Entonces, las acciones del gobierno federal deberían enfocarse en atender la causa y no los efectos como se pretende hacer con Agua Saludable. ¿Dónde está el nudo gordiano que el gobierno federal debe desatar para resolver el problema de la sobreexplotación?
Frenar la sobreexplotación implica dejar de extraer los441.0 Hm3 bombeados ilegalmente, los cuales se presume que la mayor parte se está utilizando como insumo en la producción agrícola, se está aplicando para regar cultivos en una superficie estimada de alrededor de 40,000 ha, que obligaría a los usuarios agrícolas a que limiten sus bombeos a los niveles concesionados (los 647.5 Hm3). Obviamente, desde el gobierno no se plantea como una solución fácil por el impacto económico que tendría, principalmente en la cadena de valor lechero-láctea, que se prolonga más allá de nuestra región, sobre todo, si se pensara en aplicar actos de autoridad contra aquellos que realizan esa extracción ilícita.
Si tomamos como referencia los datos de la superficie cultivada bajo riego en 2019, observamos que se cosecharon 164,084 ha, 63,178 regadas con agua superficial que se almacena y deriva a través de las presas, y 100,906 ha regadas con agua bombeada del subsuelo. De esta superficie el 77.5% se destina a producir forrajes para alimentar el hato ganadero, donde destaca la alfalfa que representa el 20% del total de la superficie bajo riego y demanda un volumen casi igual al que se recarga en un año el Acuífero Principal, considerando una lámina de riego conservadora de 1.6 metros/ha, y el resto a otros cultivos (principalmente nogal, algodón y melón).
Si el gobierno federal realizara actos de autoridad (sanción a quienes extraen más agua que la que se les autoriza en su concesión, o sea ilegal, aplicando multas o cancelando concesiones) para ajustar los volúmenes extraídos por los usuarios agrícolas a los niveles concesionados, se reduciría considerablemente la superficie de cultivo con bombeo y derivaría ese impacto económico. Es este ajuste lo que provoca temor y una posible reacción de los usuarios ilegales, indebida, pero posible.
Nadie quiere meter en crisis a la economía agropecuaria y agroindustrial láctea, o provocar la quiebra de empresas, pero tampoco es justo que por esta anomalía la población sufra desabasto e ingiera agua contaminada. El gobierno federal tiene que hacer lo que le corresponde y los grandes usuarios ser corresponsables, es decir, ambas partes deben ver la forma en que de forma concertada se ajuste el modelo de producción agropecuario a la disponibilidad de agua (que también es una propuesta ciudadana que implica tecnificar los predios agrícolas y sustituir los cultivos de alta demanda de agua por otros de baja demanda), y no verse como un gobierno omiso que se hace bolas con su potabilizadora y grandes usuarios no responsables que han guardado silencio en este debate público, quizás porque reconocer este hecho signifique confesión de partes.
Esto es lo que ha estado evadiendo el gobierno federal y como resultado de esa evasión busca otras opciones como Agua Saludable, en vez de invertir los casi doce mil millones de pesos en dicha obra, debería enfocar sus esfuerzos en recuperar el Acuífero Principal y para ello es no solo indispensable, sino ineludible, controlar las extracciones del subsuelo mediante lo que le proponemos los ciudadanos: un sistema de medición confiable, con telemetría (como ya lo tienen usuarios industriales y el SIMAS Torreón), porque a la fecha no se mide o la medición existente es deficiente, aunado a que la CONAGUA solo tiene tres inspectores para atender miles de concesiones, no solo de usuarios agrícolas, sino de todos los usos. Se ha soslayado la recuperación del Acuífero Principal cuando este es la fuente de abasto de agua más importante para la economía y población lagunera, y su cuidado es fundamental para garantizar nuestra seguridad hídrica porque es nuestra principal reserva de agua futura.
La opinión ciudadana, que cada vez más permea entre los laguneros, no así entre los políticos, es que el gobierno federal no atina en resolver el problema central, la sobreexplotación del Acuífero Principal, sino que con su potabilizadora pretende intervenir el último tramo vivo del río Nazas donde está un área natural protegida, provocando un impacto ambiental y social que afectará tanto al ecosistema como a la población ribereña(abrir otros agujeros). Con esta obra, se muestra un claro vacío en la visión gubernamental para conducir el desarrollo de la región por el camino de la sustentabilidad. Algunos pensamos que este gobierno le iba a entrar a resolver el problema hídrico central, pero parece que también lo va evadir al posponer a solución, que no es otra cosa que transmitir esta pesadilla a las siguientes generaciones.
