Cuando analizamos el estado en que se encuentra la cuenca Nazas-Aguanaval en que vivimos, observamos cómo hemos realizado intervenciones en el ciclo hidrológico justificadas en función de satisfacer nuestras necesidades. En retrospectiva, nos damos cuenta como destruimos o deterioramos los ecosistemas donde el agua juega un papel fundamental en su estructura y funcionamiento, por lo que cualquier alteración en este sistema natural repercute en ellos, provocando un efecto dominó sobre sobre las formas de vida que albergan, incluyendo la propia vida humana.
La historia de esas intervenciones se expresa en la transformación de los ecosistemas naturales en ecosistemas antropizados, donde el aprovechamiento de los recursos naturales se ha realizado con una visión antropocéntrica, es decir, justificada por esa idea de satisfacer nuestras necesidades. Ciertamente, toda intervención humana en los sistemas naturales tiene un impacto en ellos, algo que la ciencia ha tratado de explicar y resolver estableciendo que dicha intervención debe respetar los umbrales o límites que la propia naturaleza impone para no destruirla. Esta es la idea fundamental de lo que ahora llamamos desarrollo sostenible.
Pero para que el discurso de la sustentabilidad permee en las sociedades actuales y futuras, requiere no solo un avance científico considerable, sino también que los ciudadanos de esas sociedades se apropien de la nueva visión del desarrollo, en otras palabras, que construyan una cultura basada en valores amigables con la naturaleza, con el ambiente. Sin embargo, aun cuando el avance científico de respuesta a los problemas derivados de la ruptura de los umbrales que la naturaleza tiene, el reto actual es que las sociedades se apropien de ese conocimiento.
Por ejemplo, cuando los científicos señalan que los acuíferos reciben de forma natural un volumen de recarga que constituye su umbral para disponer del agua que almacenan, la realidad es que los usuarios de esa agua extraen volúmenes que destinan para diferentes usos en función de satisfacer su demanda, no de respetar los umbrales y mantenerlos en balance en forma permanente, lo que implica que si quieren tener una fuente de agua para siempre deben realizar una extracción equilibrada entre la extracción y a la recarga.
En México tenemos 635 acuíferos de los cuales 105 se encuentran sobreexplotados porque, en el mayor de los casos, se extraen mayores volúmenes que los que reciben de recarga. El uso de estos recursos excedentes crea intereses entre los usuarios, particularmente si lo utilizan como insumo en los procesos productivos, por lo que al pretender equilibrar la extracción con la recarga los usuarios que han creado esos intereses se oponen. Es esta oposición el principal obstáculo para restablecer los equilibrios ecológicos que hagan posible el uso sostenible del agua.
En México el agua es un bien común de propiedad pública, correspondiendo al Estado Mexicano prestarlo a los particulares para que lo usen, es decir, se los concesiona en forma condicionada. Por ejemplo, si yo solicito una concesión para extraer agua del subsuelo, la entidad del estado Mexicano responsable de la custodia del agua, en este caso la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), me la otorga condicionada principalmente a que solo extraiga un volumen determinado, y es mi obligación respetar esa condición porque si no infrinjo las normas que regulan el uso del agua del subsuelo y por ello puedo ser sancionado, incluyendo que se me cancele la concesión.
Esto ocurre en los 105 acuíferos sobreexplotados del país, porque la entidad reguladora del uso del recurso omite aplicar los instrumentos que obliguen al concesionario a cumplir con los términos o condiciones legales que aceptó al momento en que se le otorga la concesión, es decir, de solo extraer un volumen permisible, y para ello es necesario medirlo, porque lo que no se mide no se conoce. Al omitir esta acción, la entidad reguladora, la CONAGUA, no puede saber si extraigo más o menos del volumen concesionado y por consecuencia tampoco me puede sancionar.
Esta es una anomalía que existe en la extracción de agua de los acuíferos, entre ellos los que tenemos en el subsuelo de la Comarca Lagunera, en los cuales se ha omitido medir los volúmenes que se bombean del subsuelo o, que la forma en que se mide actualmente no es confiable para indicar que se están respetando los términos en que fueron otorgadas las concesiones, y dicha anomalía ha creado un desorden en el uso del agua en nuestra región, desorden que se expresa en una extracción, según datos oficiales, de 441 Hm3 en forma ilegal, porque solo se han concesionado 647 Hm3 y se extraen 1,088 Hm3. Este es el gran problema del agua en La Laguna y el reto para resolverlo es como recuperar esos volúmenes ilegales.
Entendemos que sí se permitió durante décadas esta extracción ilegal quienes la hicieron obraron irresponsablemente, quizás argumentando que si la CONAGUA no les medía las extracciones era la responsable de tal omisión. Lo cierto es que uno es responsable de medir (CONAGUA) y el otro corresponsable de aceptar ser medida su extracción (concesionario), pero el problema ya no solo es este, sino que ni uno ni otro acepta que esta anomalía es la causa principal que ha provocado desabasto en la población, que las familias no tengan agua en sus viviendas, y aún más, cuando la disponen está contaminada, por consecuencia tendrá un uso limitado, no aceptable para la ingesta y elaboración de alimentos diarios. Es importante que los laguneros sepamos esto y que la CONAGUA diga cómo lo va a resolver para lograr un uso sostenible del agua del subsuelo en La Laguna.
