POR MARÍA ELENA HOLGUÍN LÓPEZ
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Nueve años después del conflicto entre los ex trabajadores de la jabonera “La Esperanza” de Gómez Palacio y la desaparecida empresa, no se halla una salida digna de la enorme maraña legal en que se convirtió.
Al cumplirse el pasado viernes un año más del estallamiento de huelga, los ex jaboneros que han logrado sobrevivir a esta prolongada batalla laboral son firmes en su decisión de allegarse la justicia, mediante la ocupación de los terrenos de la antigua fábrica para ser habitados por ellos y sus familias.
A la vez, la empresa representada por Carlos Acosta Gómez ha comenzado a tener, por primera vez desde que se originó el problema, el interés por dar su opinión y ofrecer los argumentos de la posición que asumió ante las demandas de los ex jaboneros, tras casi una década de guardar silencio.
Todo el tiempo transcurrido se refleja en un abandono insólito de las instalaciones que ocupara una de las fábricas de jabón más importantes de América Latina: bardas perimetrales a punto de venirse abajo; maquinaria convertida en fierro viejo y tejabanes oxidados que sin embargo, para los ex trabajadores representan la oportunidad de obtener algo de lo que nunca han logrado conseguir: una liquidación digna.
El Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad, Salvador Salas Chávez y quien tiene el procedimiento en sus manos desde que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente para continuar, refiere que el expediente está detenido mientras los ex trabajadores como parte demandante no sigan ningún otro recurso legal.
El juzgado tiene conocimiento del conflicto desde 1986, año en que la empresa “Industrial Jabonera La Esperanza” se declaró en suspensión de pagos argumentando problemas económicos.
Salas Chávez dice que el caso de la jabonera, además de ser complejo legalmente, representa un problema de carácter social que se ha ido quedando entrampado en perjuicio de la masa de acreedores, a la cual pertenece el grupo de ex trabajadores.
“Es algo más profundo de lo que parece, resultado de una lucha desigual desde el momento en que ésta se ha desarrollado en la Ciudad de México, a donde los demandantes han podido trasladarse con serias dificultades a las audiencias y reuniones, mientras que la parte empresarial tiene todos los recursos para hacerlo”.
Al decir del juez, la consecuencia de ello ha sido un fallo (el desistimiento de la JFCA) que pese a estar equivocado adquiere fuerza de Ley y debe ser acatado.
En términos reales, esa determinación de la Junta Federal entrampó más el caso porque la instancia de carácter civil es la que habrá de determinar los activos y pasivos de la empresa quebrada, de la que los ex trabajadores forman parte como acreedores, pero cuyos derechos deben ser demandados ante la instancia laboral.
Aunque se han celebrado varios convenios entre la empresa y el sindicato, en el expediente del Juzgado Civil únicamente figura el fallo que emitió la Junta Federal en que da como válido el pago a los trabajadores con una superficie de terreno de la antigua fábrica, celebrado en 2001 pero al que nunca se le dio cumplimiento.
Por otra parte, el juez argumenta que aunque hubo un dictamen de que la quiebra declarada por la empresa en 1993 fue fraudulenta, debido a que no se encontraron los elementos para probarla, los efectos de ésta serían únicamente en cuanto a la responsabilidad penal de quien hizo la declaración de una quiebra que no existió.
Aun así, el Ministerio Público de la Federación hizo del conocimiento del juez que no había los elementos para proceder mediante esta vía.
Con base en la declaración de quiebra fraudulenta, los ex trabajadores elevaron sus demandas de liquidación más allá de los tres meses de salario que les correspondían por rescisión del contrato con una empresa que ya no estaba en condiciones económicas para operar.
La huelga dejó de existir:
Carlos Acosta
El empresario Carlos Acosta Gómez, accionista mayoritario de “Industrial Jabonera La Esperanza”, afirma que la huelga del sindicato de trabajadores dejó de existir desde 1995, cuando se firmó un convenio de desistimiento y tres meses después se realizó el levantamiento de la huelga.
En el privado de la fábrica de hielo de su propiedad, en Torreón, dice que sin embargo la actitud asumida frente al problema por el Gobierno Estatal y el juez civil “demuestra que en Durango no hay Estado de Derecho y que no han querido actuar para no generar un problema social mayor”, al recordar que los ex trabajadores tienen en su contra cuatro denuncias penales por ocupar y posesionarse de algo que no les pertenece.
Carlos Acosta atribuye el origen del problema a la petición de quiebra que en 1993 hicieron los acreedores Valdés Viesca, quienes reclamaban un adeudo desde 1986 cuando la empresa se declaró en suspensión de pagos.
Ahora, dice estar dispuesto a ofrecer una compensación a los ex trabajadores, pero para ello sería necesario contar con el acuerdo de los acreedores y patentizarlo en una junta que debe ser convocada por el síndico de la quiebra (el Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación en Gómez Palacio).
Ésta, asegura, sería la única salida definitiva al problema para la que además, se necesitaría que los ex jaboneros dejaran de ocupar los terrenos de la antigua fábrica, pues ningún inversionista se ha querido aventurar a comprar una propiedad invadida.
Con copias de documentos, Carlos Acosta argumenta que José de Jesús Centeno Herrera fue nombrado apoderado especial por la sindicatura de la quiebra; que se firmó un convenio de desistimiento; que la huelga se levantó el 6 de noviembre de 1995 y que el terreno fue embargado el 24 de octubre de 1996 pero nunca se nombraron depositarios a los ex trabajadores.
El sindicato responde
A los argumentos ofrecidos por el empresario Carlos Acosta Gómez, el Sindicato de Trabajadores del Jabón y sus Similares, representado por Roberto Santos Padilla responde que:
1.- José de Jesús Centeno Herrera fue nombrado como apoderado para representar a la delegada de la sindicatura de la quiebra, María Luisa Ramírez Escobedo, pero no como delegado de la sindicatura, pues el juez civil es el único facultado para hacer tales nombramientos.
Pese a que Ramírez Escobedo fue suplantada por Francisco Javier Gaxiola Fernández, José de Jesús Centeno pretendió seguir fungiendo como apoderado legal en el caso y aún en agosto de este año promovió un incidente de liquidación de prestaciones. Ante esa situación, el Juzgado Primero del Ramo Civil emitió, el 15 de octubre pasado, un escrito en que aclara que Centeno Herrera “no tiene ni ha tenido acreditado en autos el carácter de apoderado del Síndico de la Quiebra”.
2.- Aunque se firmó ese convenio de desistimiento, ésta nunca se ejecutó.
3.- El levantamiento de huelga se hizo ante la promesa de pago de la empresa, pero debido a su incumplimiento el movimiento laboral continuó.
4.- Según Santos Padilla, la propia Ley Federal de Trabajo los faculta a ser depositarios legales del embargo del terreno durante una huelga estallada.
“Nada exhime al empresario de su responsabilidad de cumplir con los ex trabajadores, quienes pese a negociaciones, convenios e intentos de solución no han visto materializado su finiquito y dar por terminado el añejo conflicto”.
