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México, DF.- De acuerdo con una investigación de la Contraloría Interna del Instituto Federal Electoral (IFE), Juan López Bedolla, es el responsable de haber sustraído aparentemente en forma ilegal la información del Registro Nacional de Población (Renapo) en 1999.
En conferencia de prensa, el contralor del IFE, Mario Espínola Pinedo, deslindó al organismo de cualquier responsabilidad en la venta del padrón electoral a la empresa estadounidense “ChoicePonit”, Explicó que se realizaron dos investigaciones paralelas: Una interna y la otra a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales determinaron que ningún funcionario o trabajador del IFE tuvo que ver con este ilícito.
Al presentar el informe de la investigación que realizó el organismo a su cargo por instrucciones del Consejo General del IFE, el funcionario detalló que las pesquisas apuntan a que la información comercializada pudo haber sido extraída de la Dirección General del Renapo.
Puntualizó que López Bedolla, hoy prófugo de la justicia, trabajaba en aquel entonces en la empresa “Vanguardia en Informática”, la cual proveía servicios a Renapo que contaba con los datos del padrón electoral debido a un convenio de colaboración entre el IFE y esa dependencia de la Secretaría de Gobernación.
Destacó que al obtener la información, esta persona la habría vendido en 400 mil pesos a la empresa mexicana “Bases de Datos Especializados”, propiedad de Jorge López García, quien a su vez la revendió a la compañía estadounidense ChoicePoint en 250 mil dólares Indicó que en esa transacción hubo dos etapas, la primera que contenía la información de 58 millones de electores, y una segunda actualizada que se habría vendido originalmente en 190 mil pesos y revendida en 850 mil dólares.
Ambas, aclaró, contenían datos como fecha de nacimiento, sexo, apellidos, direcciones y Registro Federal de Contribuyentes, pero no fotografías, firmas, huellas dactilares o claves de elector.
Mario Espínola enfatizó que tanto López Bedolla como el propietario de las empresas mexicanas que le compraron la documentación sabían perfectamente que estaban cometiendo un acto ilegal y de carácter penal, por tanto deben ser sujetos a una exhaustiva investigación por parte de las autoridades correspondientes.
El contralor del IFE dejó en claro que este organismo electoral sólo tiene facultades para investigar los efectos administrativos de este acto, mientras que la PGR y los juzgados serán quienes deberán sancionar penalmente a los responsables.
Dijo que además de la venta del padrón, estas personas también incurrieron en otros delitos que deben ser sancionados como la venta de información del registro de licencias de conducir e incluso datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Respecto al presunto responsable de haber “robado” la información, el funcionario del IFE sostuvo que conocen el domicilio y teléfono del inculpado y que han establecido comunicación con su familia, pero que nunca acudió a los citatorios que le hicieron tanto la Contraloría Interna como la PGR, la cual está en busca de esta persona y cuenta ya con un retrato hablado.
Más adelante, Mario Espínola sostuvo que también han establecido contacto con ejecutivos de la empresa estadounidense ChoicePoint, los cuales ofrecieron que si se les demuestra que la información que adquirió es ilegal están dispuestos a dejar sin efecto los contratos que suscribió con las empresas mexicanas y dejar de utilizar la base de datos.
Finalmente, el contralor sostuvo que la investigación no ha quedado ahí y que ahora está en manos de las autoridades judiciales y penales, ya que se presume que no sólo existe un involucrado en todo esto, sino que son varios a los que se debe citar a comparecer para deslindar responsabilidades.
Por su parte, el vocero oficial del IFE, Víctor Avilés, afirmó que el instituto electoral ya tomó cartas en el asunto para tratar de que en lo sucesivo se repita este tipo de acciones con información clasificada como confidencial.
Recordó que se aprobó un dictamen para elaborar un nuevo reglamento que haga del manejo, uso y distribución de padrón electoral, un uso más puntual y estricto entre los usuarios, pues agregó que en la actualidad son más de 400 personas físicas y morales las que pueden tener acceso a esa base de datos.
