Uno de los rubros más delicados de la administración pública es el que corresponde al de servicios personales, es decir, al personal contratado para laborar como funcionario, empleado o trabajador, según corresponda. No obstante los cambios notables operados en nuestro país, la nómina de sueldos que paga el gobierno en sus distintos niveles sigue siendo un gasto fuera de control, debido al misterio de los montos y la obscura descripción de funciones, lo que provoca un dispendio injustificado.
Existe el vicio ancestral de quienes cobran un sueldo sin trabajar, que se explica mas no se justifica en función de amiguismo, parentesco, compromisos políticos o simple ineficiencia. Junto a éste y otros males, para un buen desempeño del Gobierno, coexiste la necesidad de contar con buenos servidores públicos de carrera bien remunerados, que son los principales perjudicados por la ausencia de una sana política de sueldos y salarios en el sector público.
Por ello es bueno que con motivo de la alternancia reciente en el ejercicio del poder, la actual administración municipal anuncie una revisión a la nómina de servicios personales, a fin de que ésta sea depurada. La revelación de que en el año de 1999, el gobierno que presidió Salomón Juan Marcos recibió una lista de empleados de dos mil personas, y que en tres años creció a dos mil seiscientas, muestra un incremento del veinte por ciento que debe justificarse o corregirse.
El alcalde Guillermo Anaya y su equipo de trabajo, no deben limitarse a la mera denuncia del hecho en cuestión, sino a rendir un informe analítico sobre éste y todos los rubros del estado en que recibieron las cosas. A ese informe deberá seguir una propuesta constructiva seguida de acciones reales y concretas, que convenzan a la ciudadanía de que la actual administración es capaz de hacer más obras con menos recursos, como lo ha prometido en forma reiterada.
