Pro Defensa del Nazas, A.C. (Prodenazas), es una asociación civil creada hace dos décadas por laguneros que nos propusimos proteger y conservar el río Nazas. Paralelamente, algunos de los fundadores realizamos un estudio apoyado por World Wildlife Fund (WWF) sobre el estado ambiental y social en que se encontraba esta la parte baja del río, en aras de proponer alternativas de conservación, particularmente en el corredor ripario comprendido entre las presas Francisco Zarco y San Fernando.
Posteriormente el gobierno del estado de Durango elaboró el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) con base al cual se declaró un área natural protegida (ANP), el Parque Estatal Cañón de Fernández. Como Prodenazas apoyamos la consulta con las comunidades ribereñas para que otorgaran la anuencia de que parte de sus terrenos se incorporaran dentro de esta ANP y también elaboramos el primer Programa de Manejo.
Como se verá, quienes integramos esta asociación civil estamos vinculados al río desde hace rato, y una vez declarada el ANP recibimos la invitación del gobierno del estado de administrarla, cosa que hicimos durante diez años con escaso apoyo financiero del mismo, pero con la convicción de que como ciudadanos debíamos involucrarnos para evitar que no solo se deteriorara esta área, sino que se acotara el proceso de desecación del cauce del río Nazas que tres décadas atrás inició al desviar el flujo del agua por el canal Sacramento, convirtiéndolo en un "lecho seco", como hoy se le identifica al tramo de casi cien kilómetros que comprende de la presa San Fernando a la Laguna de Mayrán. En él desapareció el río, intermitente como son los ríos en el desierto, pero vivo. En 2008 gestionamos ante la Convención Ramsar que fuese considerado como uno de los humedales mexicanos de importancia internacional, cosa que logramos.
Ese vínculo se ha mantenido con o sin la administración del parque, inició antes y continuó después de que lo administramos, donde somos observadores y realizamos actividades para el cuidado del ecosistema ribereño y la vida silvestre que alberga. Si bien el Cañón de Fernández sigue enfrentando diversas amenazas como el turismo desordenado de los visitantes, los cambios de uso de suelo en la franja federal del río que realizan los concesionarios de estas, entre otras, a ellas se agregó la mega obra de la potabilizadora que forma parte del programa federal Agua Saludable.
Interpusimos un amparo ante la justicia federal porque creímos, y aún creemos, que la construcción de la presa derivadora provocaría la afectación del ecosistema ribereño, no solo en la parte que comprende el parque estatal sino en todo el tamo vivo del río, por lo que divergimos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre el diagnóstico y las medidas de remediación que propone la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que mandó elaborar para justificar la obra. No interpusimos el amparo, como lo han expresado funcionarios de la CONAGUA u otros voceros de Agua Saludable, con el fin de bloquear este programa, y por ello los alcances de este recurso jurídico son puntuales con respecto al daño al ecosistema ribereño.
Ante las declaraciones del Presidente de la República de emplazar la continuidad de la mega obra al desistimiento del amparo, que incluyó acusaciones al poder judicial, señalamientos a Prodenazas y el amago de declarar la obra un asunto de seguridad nacional, pero también ante la presión de otros actores económicos por la posible pérdida de la inversión pública, (empresarios), y políticos como legisladores y gobernantes locales que nos acusan de que nos oponemos a que la población tenga agua potable en sus viviendas, aceptamos el diálogo que nos propuso la CONAGUA de buscar alternativas de solución al problema por otra vía que no fuera continuar el proceso judicial del amparo.
Le planteamos a CONAGUA que para proceder en el desistimiento se garantizaran condiciones básicas de protección y conservación del último tramo vivo del río Nazas. Una de ellas es tener una opinión externa, independiente y autorizada, de un experto en humedales, sobre el impacto ambiental de la obra, pero también que sugiera las acciones de remediación y restauración que mitiguen ese impacto y que, paralelamente a las medidas que recomienda la MIA, la CONAGUA las aplique con el acompañamiento de una entidad académica como la Universidad Iberoamericana a través de su observatorio socioambiental.
La permanencia del río vivo en este tramo último del Nazas depende en gran parte de que continúe fluyendo agua por su cauce una vez que se cierran las compuertas de la presa Francisco Zarco, son volúmenes que escurren durante siete meses y son aprovechados por los ejidatarios de las comunidades ribereñas, es lo que se llama agua de estiaje. Si bien hay una discusión entre la CONAGUA y los usuarios de agua del Módulo de Riego III sobre la fuente y la cuantificación de estos volúmenes, creemos que es importante que la CONAGUA los reconozca y permita sigan fluyendo para mantener el río vivo aguas abajo del parque estatal, evitando se deseque el río y no se afecte socialmente a las comunidades ribereñas.
Es reconocido que los gobiernos locales destinan pocos recursos a la conservación de los espacios naturales protegidos bajo su jurisdicción, como ha sucedido con el propio parque estatal, además de que su gestión se basa en andamiajes institucionales no consolidados que provocan vaivenes en su gestión, por ello se plantea se revise esta situación con el propósito de fortalecerla, considerando la posibilidad de transitar a su federalización posterior.
En síntesis, la intervención del experto en humedales que determine el impacto ambiental de la obra en el río, el reconocimiento y la permanencia del agua de estiaje en el último tramo vivo del río y el fortalecimiento de la gestión institucional de las ANP locales, son términos que la CONAGUA aceptó como medidas básicas de protección y conservación de esta parte del río Nazas, términos que se plasmarán en un convenio con plena validez jurídica y un carácter vinculante que permite proceder legalmente si no se cumple. Esto es lo que resultó de ese diálogo constructivo que nos condujo a desistirnos del amparo, proceso que ya se inició y concluirá cuando se firme el convenio con la CONAGUA y los gobernadores, a la par de que se ratifique el desistimiento ante el juzgado federal.
Una de las lecciones aprendidas de esta controversia es que es posible llegar a acuerdos entre un organismo de la sociedad civil y el gobierno, un ejercicio de gobernanza bajo términos como los expuestos. Otro es que el amparo interpuesto por Prodenazas amplió el debate público sobre la problemática del agua en La Laguna, evidenció que Agua Saludable no se propone resolver el problema central que enfrentamos los laguneros, la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, lo que nos ha provocado desabasto y que pongamos en riesgo nuestra salud al ingerir agua contaminada. Esta es, por tanto, una etapa de un proceso, aún largo, por resolver dicha problemática, algo que nos involucra a todos los laguneros si queremos asegurar un futuro más viable que la inseguridad hídrica que nos espera si no lo hacemos.
