Dos militares resguardan una pipa de agua en la ciudad de Pisco, Perú, en donde el vital líquido escasea luego del terremoto que sacudiera a Perú el pasado miércoles. (AP)
Anuncia Alan García sanciones ‘severas’ a ladrones de ayuda humanitaria.
Luego de enterrar a sus muertos y tratar de reorganizar sus vidas, miles de sobrevivientes del terremoto que devastó la ciudad de Pisco en un 85% ahora luchan por conseguir un poco de agua y un bocado de alimento.
Ayer una nueva réplica de 5 grados se registró frente a las costas de esa ciudad, a unos 25 kilómetros al suroeste, a las 15:37, según reportó el Instituto Geofísico. No se informó de inmediato de víctimas.
“¡Agua, dennos agua, ayuda!”, gritaban decenas de personas al paso de un viejo camión cisterna azul que difícilmente se abría paso por los agrietados y polvorientos caminos de esa población del sureste peruano.
Allí, un terremoto de 8 grados sepultó el miércoles a casi toda esa ciudad costera dejando 338 muertos, además de 42 desaparecidos, entre las que están dos ciudadanos italianos y uno de la India, según la información oficial.
Expertos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud “más de 150 mil personas permanecen sin acceso a agua potable y el control de calidad de agua es una prioridad”, principalmente en los albergues donde están refugiadas 34 mil 250 personas, según un comunicado de esas entidades.
Luego de enterrar a hijos, madres, padres y otros familiares y amigos, los sobrevivientes deambulaban ayer bajo el intenso calor y caminando entre los escombros de sus casas de adobe.
Ahora, su único objetivo es buscar agua y comida.
Escoltado por tres jóvenes soldados armados con fusil, el conductor del camión cisterna, de rostro triste, ignoraba las súplicas de niños que extendían sus pequeñas manos pidiéndole “un poquito” de agua.
Víctor Garcés, de 45 años, sabe que su misión es llegar con el precioso cargamento a la barriada de San Clemente, ubicada en una desértica loma donde decenas de personas murieron sepultadas bajo paredes y techos.
“Al fin, un poco de ayuda en medio de tanta muerte. Nos devuelve la fe”, dijo Felicia Rojas de 40 años, que llenó un recipiente de plástico con agua para llevarlo a su familia que le esperaba en una carpa ubicada en medio de la calle, al pie de lo que antes era su casa de adobe.
Como ella, decenas de vecinos del lugar se formaban rápidamente en una fila de unas 30 personas, quienes mientras esperaban su turno para recibir algo de los ocho mil litros que almacena el camión cisterna, intercambiaban las historias trágicas que ahora son comunes en la zona.
Felicia perdió a sus padres, una prima y un sobrino de tres años en el terremoto.
“Al fin llegó agua, pero sabemos que no hay líquido para todos”, admitió Juan, un doctor español, que declinó dar su apellido por ser parte de una misión voluntaria y que colaboraba entregando agua y alimento en ese barrio.
El presidente Alan García desde Pisco dijo que “estamos en condiciones de decir que este tema avanza y se va normalizando poco a poco el servicio al cien por ciento de los pozos eléctricos de agua” en Ica y Chincha y que en Pisco “tenemos la mitad de los pozos ya con fuerza eléctrica para dar agua”, aunque no a través de tubería.
Explicó que en Chincha e Ica, el 60% y 90% de servicio eléctrico domiciliario se ha restablecido y que en Pisco todavía no “por precaución” porque la ciudad está colapsada.
También anunció ayer “drásticas sanciones penales” a quienes se apropien de la ayuda humanitaria enviada a las víctimas del terremoto.
“Seremos muy severos. No vamos a permitir desórdenes”, dijo el gobernante peruano a periodistas luego que se informara sobre el caso de una funcionaria que desvió hacia su domicilio unos 500 kilogramos de donativos.
Al recorrer la devastada ciudad de Pisco, 250 kilómetros al sur de Lima, García lamentó que “inescrupulosos” pretendan aprovecharse de la ayuda humanitaria para los damnificados del sismo de 8.0 grados en la escala de Richter que azotó gran parte del país.
El lunes pasado, las autoridades detuvieron a la subgerente de Defensa Civil del distrito capitalino de La Victoria, María Teresa Rosas García, acusada de desviar hacia su vivienda media tonelada de alimentos, ropa y carpas.
García dijo que “todo indicio de peculado agravado será duramente sancionado” para evitar que alguien tenga la “tentación” de apropiarse de la asistencia humanitaria que proveen los peruanos y organismos internacionales a favor de los damnificados.
