Familiares de los mineros que perdieron la vida en la mina de Pasta de Conchos, marcharon del monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, para exigir el rescate de los cuerpos. Los acompañaron integrantes de otras organizaciones. Diputados del partido Convergencia colocaron una manta en el recinto legislativo de San Lázaro, en donde pidieron el rescate de los cuerpos de los mineros muertos hace dos años en el accidente de Pasta de Conchos.
Al cumplirse ayer dos años de la tragedia ocurrida en la mina de carbón Pasta de Conchos, que se localiza en San Juan de Sabinas, Coahuila, donde 65 trabajadores murieron tras una explosión, familiares, amigos y compañeros de trabajo de los desaparecidos realizaron una caravana vehicular por diferentes municipios de la región Carbonífera del estado, la cual concluyó a las afueras de las instalaciones del yacimiento.
En total fueron tres contingentes que partieron de las plazas principales de Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz, los cuales se concentraron en uno solo antes de arribar al acceso principal de la mina que el Gobierno Federal concesionó a Industrial Minera México.
A lo largo del recorrido, los deudos reclamaron a la empresa minera y al Gobierno Federal la reanudación inmediata de las operaciones de búsqueda y rescate en un intento por que se recuperen los cadáveres de 63 mineros que permanecen atrapados a 160 metros bajo tierra, dentro del socavón. A la manifestación se sumaron trabajadores a la dirigencia de Napoleón Gómez Urrutia en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
La caravana se realizó a media mañana de ayer y antes, a la media noche, familiares y amigos de los mineros muertos participaron en una misa que se realizó a las afueras de la cantera, que fue oficiada por el sacerdote Juan Andrés Dávila.
Alrededor de 500 personas de diversas organizaciones marcharon también en la Ciudad de México del monumento a la Revolución al Zócalo, para exigir al presidente Felipe Calderón que dé la instrucción de reactivar el rescate.
Además el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, realizó una misa frente a las instalaciones del consorcio minero ubicado en Campos Elíseos 300, en Polanco, Vera pidió que “dejen de hacer injusticias y concretamente a las personas que son más dañadas que son los más débiles, las viudas y los huérfanos”.
Vera López, aseguró que la reticencia de la Grupo México para rescatar los cuerpos es para evitar el hallazgo de pruebas y evidencias de la falta de medidas de seguridad con las que trabajaban en la mina.
En la celebración, a la que asistió el obispo emérito Samuel Ruiz y el padre Miguel Concha y más de un centenar de personas y deudos de los mineros; el prelado señaló que los hechos ocurridos hace dos años son “emblemáticos” de la enorme injusticia que existe en el país.
Por ello, llamó a los empresarios de la industria minera a dar un trato digno a sus trabajadores, un salario justo y dejar de exponerlos a la muerte.
‘A veces digo que no voy a llorar’
Elvira Martínez Espinoza lleva seis minutos caminando y ya no puede contener el llanto. Se contuvo en la misa, cuando le preguntaron sobre sus sentimientos a dos años de que su marido muriera en la explosión en la mina de Pasta de Conchos.
También se contuvo cuando exigió a Felipe Calderón que recibiera a los familiares y cuando leyó la carta de respaldo que el cardenal Renato Martino les envió. Pero en la marcha no pudo más.
“Ya me había estado aguantando, a veces digo que no voy a llorar, porque las lágrimas no sirven de mucho ante ellos, pero luego no puedo soportar y recuerdo, entonces viene todo el dolor de golpe”, dice Elvira, sin soltar la manta en la que piden “a una voz” el rescate de los cuerpos de 65 mineros fallecidos.
María del Carmen no ha dejado de llorar desde el lunes pasado, cuando se untó carbón en la palma de su mano para lanzar una plegaria a su esposo.
Los manifestantes, custodiados, por más de doce policías capitalinos caminaron casi en silencio.
Isaac Hernández, activista, preguntaba a la ciudadanía de vez en vez si el dolor de perder a un ser querido no era el más grande que alguien haya sentido, obteniendo circunstancialmente algunas respuestas.
Ya en el Zócalo, Ruth, María del Carmen, Rosario, Elvira y Doña Trinidad, dieron su testimonio sobre la pérdida de sus seres queridos.
Según Ruth Rico es necesario que el presidente Calderón sepa la verdad de las familias. Señaló que las autoridades no se entrevistaron con los familiares después de la explosión. En su oportunidad doña Trinidad, lamentó que a dos años no hayan podido dar sepultura a sus familiares.
Además, acusaron a la Secretaría del Trabajo de servir a intereses de la empresa, que se niega a reactivar el rescate.
“Son muy respetables las exigencias de cada familia, hay quienes queremos recuperar los restos y queremos además saber la verdad, queremos justicia, pero además hay quienes piden una reforma de leyes que proteja a los mineros. Las familias lo que queremos es justicia”, dijo Elvira Martínez.
Ayer en el Zócalo capitalino también cantaron y oraron los integrantes de siete familias que viajaron al Distrito Federal con la esperanza de que el presidente Felipe Calderón los reciba en audiencia.
Exigen castigo ejemplar
Por su parte, senadores del PAN, PRI y PRD exigieron ayer a las autoridades federales castigar de manera ejemplar a los responsables de la muerte de los 65 trabajadores.
Aunque ninguno mencionó nombres, durante el debate en la agenda política, la senadora Rosario Ibarra aseguró que el análisis de las inspecciones realizadas en el lugar de la tragedia dejan en evidencia un largo historial de negligencia de Industrial Minera México.
El priista Ricardo Fidel Pacheco, sostuvo que los hechos merecen un fincamiento de responsabilidades del tamaño del acontecimiento.
El legislador se pronunció por la puesta en marcha de programas públicos agresivos para vigilar el cumplimiento legal y constitucional en materia de seguridad laboral.
Ofreció que, a futuro, el Congreso legislará sobre el tema para que la negligencia sea sancionada de manera más drástica cuando el incumplimiento por parte de los empresarios o las omisiones de funcionarios públicos sean las causales.
En su turno, los senadores del PRD, Ricardo Monreal y Tomás Torres, así como el panista Ernesto Saro, coincidieron en que el Congreso tiene parte de la responsabilidad en la falta de esclarecimiento del caso.
En tanto, que la Cámara de Diputados, el priista Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para fortalecer las sanciones por falta de seguridad y protección de los trabajadores mineros.
La pretensión, agregó el legislador, quien presidió la comisión especial que investigó el caso, es otorgar un instrumento que establezca obligaciones y sanciones a los concesionarios de las minas.
