El jueves pasado, en la multitudinaria presentación del libro de Lydia Cacho “Memorias de una infamia”, en el museo de la Ciudad de México, donde Carmen Aristegui fue recibida con una ovación que duró varios minutos –semejante a la que se le prodigó la víspera en el Colegio de México—, una tercera mujer fue también saludada con entusiasmo por el público. Se trata de la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, que durante veintidós meses pretendió dar vida a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim), un título demasiado largo para una oficina del Ministerio Público Federal a la que la Procuraduría General de la República ha otorgado escasa importancia.
La doctora Pérez Duarte asumió la Fiscalía el 16 de febrero de 2006 y renunció a ella el 14 de diciembre del año pasado. El 31 de enero siguiente fue nombrada para reemplazarla –en una función a la que se agregó la trata de personas— la licenciada Guadalupe Morfín, ex comsionada de derechos humanos en Jalisco y coordinadora del Programa federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Ciudad Juárez.
Cuando Alicia Elena ingresó a la PGR era secretaria técnica de la Comisión de seguimiento del Senado para los feminicidios en Ciudad Juárez. Antes fue directora del Ministerio Público para Asuntos de Familia en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y consejera de la representación mexicana ante los órganos de la ONU en Ginebra. Su activismo propio le había permitido ser delegada en México de la Organización Mundial contra la Tortura.
La doctora Pérez Duarte había sido nombrada enlace de la PGR ante el Sistema Nacional para la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. Pero su designación fue revocada, no obstante que era “la titular de la única área especializada en esa materia en la Procuraduría” y a pesar de ser “una de las expertas reconocidas, tanto en nuestro país como en el extranjero, en el tratamiento de ese tema”, según dijo en su carta de renuncia.
También la movió a marcharse la lentitud con que actúa el área pericial en asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la fiscal sabía que desde agosto de 2007 “se tiene listo el dictamen de aplicación del Protocolo de Estambul a dos de las mujeres que fueron torturadas en mayo pasado por los sucesos de san Salvador Atenco, que es positivo. A la fecha y a pesar de las múltiples gestiones realizadas, no hemos recibido el resultado”.
Los obstáculos burocráticos fueron enfrentados y algunos sorteados durante casi dos años. Sin embargo, un acontecimiento formalmente ajeno a la Procuraduría, pero que iba a ser determinante de su trabajo la condujo a renunciar a su cargo en diciembre pasado, dos semanas después de que por mayoría de seis a cuatro el pleno de la Suprema Corte de Justicia rehusó aprobar el informe presentado por uno de sus miembros, el ministro Juan N. Sllva Meza, lo que resultó en una virtual exoneración del gobernador de Puebla Mario Marín, coludido con el empresario textil Kamel Nacif para violar las garantías individuales de Lydia Cacho.
Dijo la doctora Pérez Duarte al procurador Eduardo Medina-Mora que “después de analizar… las dos últimas sesiones del mes pasado de nuestro máximo Tribunal, y el informe del ministro Silva Meza, me avergüenzo de su actuación” (de los ministros de la mayoría), pues le “parece increíble que cuatro ministros y dos ministras hayan podido desconocer la relación directa de la investigación sobre las violaciones graves y actos de tortura infligidos a Lydia Cacho en diciembre de 2005 y las redes de pederastas que existen en nuestro país”. No puedo entender, agregó la renunciante, “cómo pasaron por alto elementos tan claros como la desproporción entre el tamaño del despliegue operativo para detener a una persona y los delitos de que fue acusada”. También la perturbó el que no se tomara en cuenta “lo que escuchó todo México”: la grabación de la atroz y procaz conversación entre Marín y Nacif, difundida antes que nadie en la radio, el 16 de febrero de 2006, por Carmen Aristegui. Tampoco entendió cómo afirman los ministros de la mayoría “que violaciones a los derechos humanos pueden no ser graves”, cuando que a su entender “todas lo son”.
En esas condiciones, explicó Alicia Elena a Medina-Mora, “me es imposible seguir trabajando dentro de nuestro sistema de justicia y mantenerme congruente con mis principios, que no son más que la dignidad, la igualdad y la no-discriminación entre los seres humanos. Tengo que buscar otros caminos para continuar la defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres, otros caminos que me permitan reaccionar de manera inmediata a situaciones como ésta”.
Concluyó reconociendo que nada podía hacer institucionalmente: “La respuesta de las ministras y ministros en el caso de Lydia Cacho es un atentado a la dignidad y nos deja con la amarga sensación de que todavía estamos sometidos a poderes de grupos y redes que prevalecen sobre la justicia, que tienen la capacidad de prostituirla; que a pesar de los avances y compromisos que nuestro país ha hecho en… derechos humanos, los principios éticos en que éstos se sustentan siguen sometidos a dichos poderes. Sin embargo, en este caso ya no puedo hacer nada, pues usted ordenó la acumulación de la indagatoria que realizamos en la Fevim a la que se abrió en la Fiscalía para la Atención de Delitos a Periodistas”.
