La Junta Local de Conciliación y Arbitraje actúa en apego a la ley, se defiende Ana Bertha Adame García.
La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje rechaza anomalías en el caso de María Esther Guerrero Fuentes, ex trabajadora de la UJED.
“Para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es un asunto concluido”, indica Ana Bertha Adame García respecto al caso de María Esther Guerrero Fuentes, quien ha denunciado públicamente irregularidades al seno de la dependencia.
Como esta casa editora lo ha informado, Guerrero Fuentes es ex trabajadora de la Universidad Juárez del Estado (UJED) y platica que luego de su despido interpuso su respectiva demanda ante la Junta Local, no obstante le cambiaron el acta de una audiencia.
Adame García responde que todo este proceso se hizo conforme a Derecho y sostiene que la quejosa estuvo en todo tiempo representada por su abogado pues así lo permite la ley.
Negación.- La servidora pública declara que este asunto laboral concluyó a finales de marzo pasado mediante un acuerdo de voluntades entre María Esther Guerrero y la parte patronal, es decir, la UJED. “Era una trabajadora eventual, terminó su contrato, presentó su denuncia por despido injustificado y bueno, al final de cuentas ella aceptó la liquidación que le ofertó la Universidad y se firmó un convenio”, platica.
Al preguntarle porqué se había cambiado un acta, dice que se trata de una apreciación de parte. “Nosotros estamos dispuestos a que ese asunto, independientemente de que está en el archivo muerto, sea sujeto a las investigaciones o aclaraciones que se consideren necesarias pero actuamos siempre con legalidad y apegados a Derecho”, sostiene la abogada.
Disposición.- La entrevistada descarta que el archivo haya sido quemado. “La Ley Federal del Trabajo sí permite que se haga una depuración de expedientes, sin embargo, nosotros no lo hacemos de esa forma. La ley permite que se haga la depuración mediante el microfilme, lo que sería contener los expedientes en algún método que permita su posterior consulta, sin embargo, no tenemos el recurso económico para poder llevar a cabo ese procedimiento”, platica.
Dice desconocer si Guerrero Fuentes interpuso una denuncia penal por este asunto. “Nos giró un oficio un Agente del Ministerio Público, sin embargo, no sabemos ni siquiera para qué solicita copias de los expedientes”, conversa.
“Aquí no hay una violación a los derechos del trabajador, ella siempre estuvo representada en juicio por su abogado porque la Ley Federal del Trabajo lo permite en su artículo 692”, argumenta la informante.
Aclara que en varios años de estar al frente de la Junta Local no se había presentado un reclamo de esta naturaleza. “Los trabajadores salen atendidos y tratamos de privilegiar la conciliación, ha surtido efectos y veo que el personal es dinámico y activo y jamás se somete a situaciones irregulares”, remata.
Cabe mencionar que hace apenas unas semanas la CROC también expresó su malestar contra la Junta Local.
Citlalli Zoé Sánchez |
El Siglo de Durango
CIFRAS
denuncias diarias se reciben en promedio cada día en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, según informa su presidenta, Ana Bertha Adame García.
4.5
años tiene Ana Bertha Adame al frente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; descarta que haya cometido alguna irregularidad en el desempeño de su cargo.
30
empleados conforman la planta laboral de esta dependencia, quienes en su mayoría tienen ya varios años de servicio y por lo tanto conocen bien el manejo de la misma.
15
audiencias diarias se celebran en promedio en la Junta Local, más todo lo que son los procedimientos paraprocesales, convenios, liquidaciones, embargos, entre otros.
Que se revise: Oliverio Reza Cuéllar
El secretario general de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar, habla sobre el señalamiento que recae contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dice que son situaciones que se tienen que revisar y atender.
“Ya lo está haciendo (revisando la denuncia) la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa (Secomad), tengo entendido que también hay una denuncia por allí”, platica el responsable de la política interna del estado.
Reza Cuéllar asegura que como autoridades son los más interesados en que las cosas en torno a esta denuncia pública -pero que también ha sido interpuesta por la vía penal- se aclare y sostiene que en su oportunidad la resolución que se tome por parte de la autoridad correspondiente será totalmente acatada por parte de la Administración Estatal.
