La actividad criminal en México ha crecido considerablemente en los últimos años. Nuestro país está sufriendo una epidemia de crímenes, en particular los deleznables secuestros.
Este fenómeno se ha exacerbado durante esta década, y los gobiernos de Fox y ahora de Calderón han sido incapaces de orquestar una lucha frontal y exitosa contra estos funestos actos delictivos.
Lo más lamentable del caso es que las notas de prensa y los noticieros de televisión presentan sólo una parte de la historia. El resto, todavía más grande, se conoce por chismes y rumores, ya que muchos delitos permanecen anónimos.
Esto se debe a que los familiares de las víctimas temen algún tipo de represalias por parte de los secuestradores o, peor aún, por la sospecha fundada de que estén involucradas directa o indirectamente las mismas fuerzas policíacas.
La irritación de la población ante la impunidad con la que ha crecido esta ola criminal tuvo una primera expresión de repudio el 27 de junio de 2004, cuando se realizó una gran marcha en la Capital del país.
Este año, ante la generalización del problema y los asesinatos de muchas víctimas, entre las que destaca la indignación que causó la muerte del niño Fernando Martí, se convoca para este sábado 30 de agosto a la ciudadanía a un acto de repudio a la violencia y la impunidad con la que crece el crimen en nuestra nación.
El descontento se debe no sólo a la impotencia de la población ante el acecho criminal, sino más aún porque el Estado mexicano no cumple su función básica y más elemental, que es la protección de las personas y sus bienes.
En efecto, no olvidemos que la razón de ser de cualquier Estado o Gobierno es, precisamente, garantizar la seguridad de sus gobernados, cosa que a todas luces hacen bastante mal nuestras autoridades.
Ellas muestran una preocupación retórica por estos problemas, pero en la práctica dedican sus esfuerzos a asuntos que les son económica y políticamente más lucrativos.
Nuestros políticos se entretienen en tareas secundarias, como el tiempo y recursos que han dedicado a la discusión sobre la reforma petrolera, donde obcecadamente insisten en conservar en manos estatales la producción y comercialización de la energía.
Esto, bien sabemos, lo pueden hacer con mucho mayor eficiencia y eficacia los particulares, como ocurre en muchos países que no confunden la soberanía nacional con la existencia de monopolios estatales.
En cambio, la protección de la ciudadanía es una actividad que monopoliza el Estado y para la que la gran mayoría de la población no cuenta con los medios legales ni los recursos económicos para llevarla a cabo. Aquí es donde falla totalmente nuestro gobierno.
Hoy se perpetran todo tipo de delitos, en particular los que atentan contra la seguridad de las personas en la forma de secuestros, amenazas de secuestro y, el colmo, venta de “protección” por la que se exige el depósito de una cantidad mensual de dinero en una cuenta bancaria.
Esta escalada criminal no se detendrá por sí sola. Hace algunos años escribí sobre este tema. En ese entonces señalé que Gary Becker, premio Nóbel de economía, revolucionó con sus ideas hace casi medio siglo el campo de la criminalidad. El enfoque económico sobre el crimen comienza con un supuesto muy simple: los criminales son racionales y responden a incentivos.
Los incentivos constituyen una de las piedras angulares sobre las que se finca el andamiaje de la ciencia económica. Un secuestrador priva de la libertad a una persona porque encuentra dicha profesión más atractiva que cualquier otra.
La conclusión obvia es que para reducir el secuestro, el robo, así como cualquier otro tipo de crimen, las leyes y los tribunales deben adecuarse de manera que se eleve el costo de la profesión criminal y se reduzcan sus beneficios.
La mayoría de las personas, sin embargo, aún cuando responde continuamente a los incentivos que recibe, por lo general no los toma en consideración a la hora de proponer, apoyar o favorecer políticas públicas.
Sólo así se explica, por ejemplo, el pésimo incentivo que propone crear el Presidente Calderón con su iniciativa para establecer la cadena perpetua solamente para cierto tipo de secuestros y de secuestradores. Esto es, de hecho, una invitación para que participen en dicha actividad otros delincuentes, así como aumenta la probabilidad de que el resto de la población sea víctima de un secuestro. En la cabeza del Presidente hay, por lo visto, ciudadanos de primera y de segunda, así como secuestradores malos y no tan malos.
La ciencia económica demostró hace décadas que los delitos de todo tipo se reducen cuando se hace el castigo más cierto y severo para todos los delincuentes, sin excepciones. Esto eleva el costo de la profesión criminal y reduce sus beneficios. Se trata, a fin de cuentas, de modificar las leyes, profesionalizar los cuerpos policíacos, depurar los tribunales, aumentar la probabilidad de ser capturado y de ir a prisión y, sobre todo, ampliar considerablemente el tiempo de encarcelamiento.
Los afectados por los secuestros y asesinatos son todavía una minoría en un país lleno de pobres, pero lo lamentable es que estos no dejarán de serlo si la actividad delictiva desalienta la inversión.
¿Quién desea invertir dinero y esfuerzo en crear negocios si corre el riesgo de perder su vida? Muy pocos, y son cada vez más las víctimas y sus familiares que deciden abandonar el país.
Lo cierto es que mientras el gobierno no actúe con firmeza en contra de esta oleada criminal, más allá de organizar reuniones espectaculares con nombres rimbombantes como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, que me temo el tiempo probará que será mucho ruido y pocas nueces, el crimen seguirá siendo un buen negocio en nuestro país y la inversión productiva buscará otros horizontes.
