El ombudsman nacional José Luis Soberanes, pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional respetar los derechos humanos al realizar operativos contra el narcotráfico. (Notimex)
Proponen al Ejército mejorar la capacitación de su personal para evitar que se repitan violaciones a derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que castigue con rigor las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y capacite a su personal para evitar que los abusos se repitan.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, dijo que el Gobierno Federal debe establecer una fecha para el retiro paulatino del Ejército en funciones de seguridad pública y al mismo tiempo capacitar a las corporaciones policiacas para enfrentar de manera efectiva al crimen organizado.
Indicó que mientras eso sucede, el Ejército sólo debe actuar en subordinación de las autoridades civiles y no debe combatir el crimen cometiendo atropellos.
Al emitir ocho recomendaciones a esta dependencia por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Sonora, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, el organismo alertó que los actos de tortura e incomunicación que cometen miembros del Ejército en instalaciones militares al detener a personas en presunto delito flagrante son una práctica reiterada.
Después de sus investigaciones, la CNDH documentó en estas entidades violaciones al derecho a la vida (homicidios), tortura, tratos crueles y degradantes, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica.
“No corresponde al Ejército la labor de investigación de los delitos, ni la implementación de estrategias de prevención del mismo ni el resguardo o retención de personas ni mucho menos la aplicación de sanciones, sino que su participación en dichas tareas debe realizarse únicamente en auxilio y de forma subordinada a las autoridades civiles”, manifestó el presidente de la CNDH.
También advirtió sobre la práctica recurrente por parte de los militares de “equivocarse y disparar” contra vehículos que les parecen sospechosos y cuyos ocupantes, de manera demostrable, han muerto sin que agredieran a los soldados o portaran arma alguna.
BALANCE DE QUEJAS
Al hacer un balance de las quejas presentadas desde el 1 de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008, la CNDH señaló que 14 personas han perdido la vida en manos de militares al accionar sus armas de manera indebida.
El organismo señaló que “si el personal militar ha de seguir participando en operaciones de seguridad pública, deben estar capacitados y se deben fortalecer los procedimientos de contratación y selección de sus miembros”.
La primera de esas recomendaciones está relacionada con el caso de José Fausto Munguía quien fue encañonado, torturado y detenido de manera arbitraria el 7 de junio del 2007 en Sonoyta, Sonora, por elementos de la 40 Zona Militar.
El segundo ocurrió el 13 de junio de 2007 en Morelia, Michoacán, cuando uniformados de la 21 Zona Militar ingresaron por la fuerza a un domicilio particular donde torturaron a Óscar Cornejo Tello para que dijera ser un tal “chino guenses”. Sólo entonces, al ver que no cumplieron con su objetivo, lo llevaron ante el Ministerio Público de la Federación (MPF).
El tercer caso sucedió el 3 de agosto de 2007 en el Naco, Sonora, cuando militares detuvieron a tres personas, dos de las cuales fueron puestas a disposición del MPF, pero Fausto Murillo permaneció desaparecido y su cadáver fue encontrado un día después en el paraje La Morita con huellas de una “golpiza brutal”.
La cuarta recomendación corresponde al caso de Antonio Paniagua, en Tanhuato, Michoacán, porque elementos del 37 Batallón ingresaron a su domicilio sin orden judicial, causaron daños al inmueble, sustrajeron objetos de valor, lo detuvieron de manera arbitraria y lo torturaron mediante ahogamiento y toques eléctricos, con el argumento de que poseía armas.
El 21 de agosto de 2007, en Uruapan, Michoacán, dos hombres fueron detenidos y torturados por militares de la región para que se confesaran culpables por la portación de armas, cartuchos y tres kilos de marihuana.
En Huetamo, Michoacán, el 11 de enero de 2008, elementos del 12 Batallón de Infantería, que habían colocado un retén, dispararon sin motivo aparente contra los tripulantes de una camioneta que circulaba por el barrio El Toreo, causando la muerte a dos jóvenes de 17 y 19 años de edad.
Un caso similar sucedió el 16 de febrero de 2008 cuando militares apostados en Reynosa, Tamaulipas, intentaron detener la marcha de un vehículo particular accionando sus armas de fuego. Uno de los tripulantes murió y peritos de la Procuraduría estatal señalaron que en el vehículo civil no había arma alguna.
La última recomendación se refiere a lo ocurrido el 26 de marzo de 2008 en Badiraguato, Sinaloa, cuando militares dispararon contra los tripulantes de un vehículo Hummer. Cuatro de ellos murieron y otro más resultó herido, sin que hubiera agresión alguna por parte de los civiles como había asegurado en un principio la Sedena.
Quejas
En 2006 se presentaron 8 quejas contra miembros del Ejército.
En 2007: 384.
En lo que va de 2008: 242.
En total son: 634.
Las principales violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército son:
Ejercicio indebido de la función pública (250 quejas).
Cateos y visitas ilegales (221).
Trato cruel (182).
Detención arbitraria (147).
Ejercicio indebido del cargo público (94).
Del 1 de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008, 14 personas fueron asesinadas por militares.
Los estados de donde procede el mayor número de quejas son:
DF (106 quejas).
Michoacán (139).
Tamaulipas (68).
Sinaloa (38).
Chihuahua (33).
Acepta la Sedena recomendaciones
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó las ocho recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y anunció que éstas se cumplirán en los términos de Ley.
Luego de que la CNDH emitiera una serie de recomendaciones a la Sedena por homicidios, violaciones a los derechos humanos y abusos contra ciudadanos en el marco de los macrooperativos militares que se han aplicado en el actual sexenio para enfrentar al narcotráfico.
El instituto armado señaló que por esos “lamentables incidentes” el Ministerio Público federal ha integrado las averiguaciones previas correspondientes y además ya se ha ejercido acción penal en tres de esos casos.
En un comunicado en el que la Sedena fijó su posición con respecto a las recomendaciones de la CNDH, se especificó que hasta el momento se ha sometido a proceso penal a dos oficiales y 10 elementos de tropa, luego de que se ha comprobado su presunta responsabilidad en los hechos.
De igual forma, la Sedena dio a conocer que de manera expedita se han autorizado los pagos para la reparación del daño a las víctimas. Para prever que todas las actividades del Ejército se efectúen con respeto a los derechos humanos, se realiza un programa de promoción y fortalecimiento de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
El informe oficial destacó que dentro de estos programas se contemplan ciclos de conferencias y talleres impartidos por especialistas de la CNDH y de los organismos públicos de promoción y protección de los derechos humanos, además de que en todos los planteles del sistema educativo miliar y en los planes de adiestramiento de todas las unidades del Ejército y Fuerza Aérea se imparten cursos en esta materia.
A la fecha, según la dependencia, más de 300 jefes y oficiales han egresado del curso de formación de profesores en esta especialidad.
Finalmente, el instituto armado señaló que continuarán con su lucha frontal contra el narcotráfico, a la vez que seguirán con el fortalecimiento y compromiso del respeto de los derechos humanos.
