En medio del enfrentamiento entre el Ejército y el crimen organizado, la Iglesia Católica planea reforzar su labor pastoral entre los militares con la apertura de capellanías cerca de cuarteles y las unidades habitacionales del Ejército, en al menos tres estados: Sonora, Baja California y Yucatán.
El plan ya está en marcha dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), según Leonardo Rojas Pérez, secretario de la Dimensión Pastoral y Fuerzas Armadas de la CEM.
Según la CEM, un 85% de los 280 mil miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas son católicos. Rojas dijo que el plan de capellanías militares no fue concebido para ayudar al Ejército en la lucha antinarcotráfico, sino que fue concebido desde 2000.
Aún existe desacuerdo sobre la legalidad de establecer capellanías dentro de unidades habitacionales del Ejército. El especialista en religión, Elio Masferrer, dijo que la CEM debe pedir permiso a Gobernación para instalar capillas en unidades de la milicia, y el Gobierno debe darle igualdad de oportunidad a otros credos. Guillermo Garduño, especialista en temas del Ejército, considera que las capellanías no pueden estar adentro de las unidades habitacionales por ir contra la Constitución.
Hasta ahora el plan de la CEM ha optado por construir parroquias cerca de unidades militares, en donde sacerdotes ofrezcan una pastoral dirigida especialmente a soldados y oficiales.
De hecho, actualmente existe una capilla frente al edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Ciudad de México, construida en 1989, y otra en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, atendida por clérigos especializados en pastoral castrense.
Rojas dijo que la CEM está en pláticas con los obispos de Hermosillo, Mérida y Ensenada para instalar en los próximos meses centros parroquiales especializados para la milicia.
Esta red de capillas podría extenderse a otras diócesis del país y es parte del plan para formar un Ordinariato Militar, similar al existente en países como España, Italia o EU, en donde los clérigos que atienden a militares están bajo el mando de un solo obispo y no de los obispos de las diócesis en que se encuentran. Sin embargo, esta figura requiere un acuerdo entre el Vaticano y el Gobierno mexicano.
