Ecuador alista una demanda por arrogación de funciones a la fiscalía colombiana por realizar investigaciones en territorio ecuatoriano sobre una asambleísta y un ex candidato presidencial, anunció ayer el presidente Rafael Correa.
El mandatario dijo en su programa radial de los sábados que tras el ataque a un campamento guerrillero en Angostura el 1 de marzo “trajeron un fiscal colombiano a territorio ecuatoriano para que verifique la plata que encontraron, las supuestas computadoras, los fusiles que capturaron, el levantamiento de los muertos”.
Calificó al acto de “audaz”, “prepotente”, “abusivo”, y violatorio del derecho internacional, por lo que el Gobierno prepara “un juicio por arrogación de funciones, porque nadie puede arrogarse funciones en territorio ecuatoriano”, señaló.
“Cumplieron con su Ley, pero en territorio ecuatoriano, se imaginan qué audacia”, afirmó.
Con tono irónico, Correa afirmó que “ya le voy a pedir a nuestro fiscal... que inicie (una) indagación fiscal a medio Gobierno colombiano por, ahí sí, un atentado flagrante, una agresión total a la seguridad nacional”, en alusión al bombardeo del 1 de marzo.
Asimismo, el mandatario ofreció el apoyo “incondicional” de su Gobierno a la asambleísta oficialista María Augusta Calle y al ex candidato presidencial Marcelo Larrea, por la investigación solicitada por la fiscalía colombiana, por ser sospechosos de mantener nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“¿Qué se han creído? Vayan con su prepotencia a otro lado”, increpó el gobernante y ratificó que Ecuador es un país “soberano” en el que “vamos a hacer respetar a nuestros ciudadanos”.
Instó a la fiscalía colombiana a que utilice su tiempo para “investigar la narcopolítica, la parapolítica que inunda al Gobierno, al parlamento del Congreso colombiano”, acotó.
Larrea, hermano del ministro de Seguridad ecuatoriano Gustavo Larrea, aseguró ayer en rueda de prensa que “jamás he tenido ninguna relación, ningún vínculo con las FARC”. Aclaró que no recibió ninguna invitación del Gobierno para una “intermediación” con las FARC.
“No tenemos ningún tipo de actividad terrorista ni hemos cometido ningún delito en contra del pueblo colombiano”, agregó.
Expresó preocupación por “la seguridad e integridad de las personas que estamos acusadas”.
Calle admitió haber entrevistado y conocido a miembros de las FARC, lo cual no consideró un delito.
La Asamblea Constituyente aprobó el viernes una resolución de condena a la acción de la fiscalía colombiana.
