Siete magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala presentaron una demanda ante ellos mismos, para decidir si pueden o no permanecer en sus cargos, en un caso nunca visto en México.
Las demandas buscan echar abajo la decisión del Congreso local, que en octubre de 2007 decidió no ratificar a esos siete magistrados que ocupan el puesto desde 1999.
Aunque anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intervenido en el caso, esta vez los magistrados decidieron que ellos pueden hacerse cargo del problema, por lo que promovieron juicios de protección constitucional, una especie de amparo local que le toca resolver... al propio Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala.
El presidente del tribunal, Luis Aquiahuatl Hernández, uno de los afectados, no sólo admitió a trámite su demanda y las de sus colegas, sino que otorgó una suspensión para que todos sigan despachando, mientras ellos mismos deciden si la Legislatura hizo bien al no ratificarlos.
El tribunal tiene 14 magistrados propietarios y dos suplentes. Para funcionar en Pleno se requieren al menos ocho magistrados, por lo que para resolver las demandas de los quejosos, tendría que participar al menos uno de los dos suplentes.
Para colmo, otros cinco magistrados propietarios también están peleados con el Congreso, que decidió no ratificarlos en enero pasado.
En este caso, sí hay una controversia constitucional pendiente de resolución ante la Suprema Corte, y los juzgadores se mantienen en su puesto gracias a una suspensión que otorgó el ministro Salvador Aguirre.
Ante este escenario, el Congreso de Tlaxcala promovió el 18 de agosto otra controversia ante la Corte. Aunque usualmente no proceden las controversias contra los Poderes Judiciales, el caso es tan extraño que el ministro Mariano Azuela decidió admitirla a trámite.
En los últimos cinco años, el Poder Judicial de Tlaxcala ha promovido al menos ocho controversias contra el Congreso. Una de ellas, resuelta en 2005, revirtió la no ratificación de los siete magistrados que ingresaron en 1999, porque la Corte consideró que la legislatura no realizó una evaluación adecuada de sus méritos.
