La CNDH le pidió al gobernador de Puebla que repare el daño causado a la periodista. (Notimex)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 16/2009 a los gobernadores de Puebla y Quintana Roo, Mario Marín y Félix Arturo González, respectivamente, ya que encontró los elementos probatorios suficientes para determinar que la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue sometida a tortura física y sicológica.
El organismo detectó irregularidades administrativas en el caso ya que la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo que permitió la detención de la periodista antes de que el agente del Ministerio Público de estatal recibiera el oficio de colaboración de la procuraduría poblana que pidió su detención y traslado.
La CNDH le pidió al gobernador de Puebla que repare el daño causado a la periodista y a la Contraloría interna dela Procuraduría estatal investigue y sancione a los elementos que participaron en la detención.
Al mandatario de Quintana Roo le solicitó que la Procuraduría estatal investigue las responsabilidades administrativas y penales de los policías judiciales que detuvieron a Cacho Ribeiro y se les inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad por la omisión de no informar de su participación en un operativo para detener y trasladar a una persona.
Mario Marín y Félix Arturo González tienen 15 días hábiles para responder si aceptan o no la recomendación y otros 15 días hábiles para aportar la pruebas correspondientes de su cumplimiento.
La CNDH documentó que participaron particulares ajenos al Ministerio Público y sus órganos auxiliares en la detención y traslado desde Quintana Roo a Puebla; además de que durante el trayecto de 20 horas por tierra, no se le permitió utilizar los medicamentos para tratar un cuadro declarado de neumonía --del cual se tiene el registro de la constancia médica previa-.
Incluso, algunos de sus acompañantes le preguntaban a Cacho Ribeiro si sabía nadar "haciéndole temer que podría ser arrojada al mar".
El organismos que encabeza José Luis Soberanes, emitió la recomendación tras una "exhaustiva documentación y análisis de evidencias, independiente de la realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
