El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso ayer al descubierto una red de corrupción entre la subsidiaria de una empresa suiza con sede en Texas y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México que se remonta al año de 1997 y que permitió que ambas partes se beneficiaran de pactar contratos sin licitación alguna y a cambio de jugosos sobornos.
La punta del iceberg de esta trama de corrupción entre la empresa texana y funcionarios de la paraestatal mexicana se conoció ayer tras la detención del ex gerente de la subsidiaria suiza, John Joseph O→ Shea, de 57 años, quien ha sido acusado de conspiración, violación de una Ley anticorrupción, "lavado" internacional de dinero y falsificación de registros, según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
A pesar de que el nombre de la empresa que sobornó a funcionarios mexicanos por mediación de Joseph O→ Shea no aparece en el encausamiento dado a conocer, numerosos reportes de negocios y de prensa vinculan a este empresario de origen californiano con la multinacional suiza ABB que, al parecer, se habría visto en la obligación de colaborar desde 2004 en la investigación de los hechos que vinculan a Joseph O→ Shea con el mexicano Fernando Maya Basurto, quien colaboró como su representante en la capital mexicana en el esquema de corrupción para sobornar a funcionarios de CFE.
Maya Basurto, de 47 años, fue arrestado desde el pasado mes de abril en Dallas, Texas, y se declaró culpable apenas la semana pasada, poco antes de que se produjera el arresto de su socio Joseph O→ Shea. Precisamente, Maya Basurto se ha convertido en un testigo clave para las autoridades judiciales en EU para desentrañar una maraña de intereses y corruptelas creados con los millonarios fondos de la paraestatal mexicana.
En su declaración, Maya Basurto ha reconocido que "conspiró con otros para hacer pagos corruptos a funcionarios de la CFE, ayudó a blanquear el dinero de los sobornos e intentó obstaculizar las investigaciones del Departamento de Justicia".
Según el encausamiento, Joseph O→ Shea y Maya Basurto crearon un esquema para destinar el 10% del valor de los contratos firmados con la CFE a sobornar a un indeterminado número de funcionarios mexicanos. En el año de 2004, cuando se firmó uno de los más jugosos acuerdos, O→ Shea y Maya canalizaron cientos de miles de dólares hacia distintas cuentas bancarias de cuatro funcionarios mexicanos de la CFE.
En, al menos un caso, uno de los pagos fue a parar directamente a una escuela militar en EU para sufragar la colegiatura de uno de los hijos de un funcionario de la CFE.
La empresa subsidiaria de ABB en Texas mantenía contratos con la CFE desde el año 1997 para mejorar el sistema de la red eléctrica. En ese año, ambas empresas firmaron un contrato denominado como SITRACEN que generó más de 44 millones de dólares.
Planea CFE denuncia por sobornos
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que su director, Alfredo Elías Ayub, instruyó al abogado general de la empresa a presentar una denuncia contra quien resulte responsable ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el contrato sujeto a investigación por la Corte de Texas en Estados Unidos.
El director de la dependencia también solicitó, indica un comunicado, hacer del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) las investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos.
La Corte investiga presuntos sobornos a funcionarios de la paraestatal por un contrato que, según información de la CFE, se firmó en diciembre de 1997 y cubre el soporte tecnológico para los sistemas de control y despacho eléctrico del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
El Cenace forma parte de la subdirección de Transmisión, Transformación y Control de la CFE, y el contrato en cuestión se concretó en la anterior administración de la empresa, que estuvo a cargo de Rogelio Gasca Neri, quien hoy se desempeña como consejero profesional de Pemex.
La CFE expresó su total disposición a colaborar con las investigaciones a fin de que éstas lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Extraoficialmente, fuentes de la dependencia informaron que las personas que firmaron dicho contrato ya se jubilaron de CFE, y se desconoce si la investigación ante la SFP tenga alguna consecuencia legal, dado el tiempo que ha transcurrido desde que se cometieron los presuntos actos de soborno.
