La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el gobernador Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora, no tuvieron responsabilidad en las violaciones de garantías en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México.
Los ministros de la SCJN votaron sobre la responsabilidad en cuanto a los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006, y determinaron que las autoridades que se reunieron para planear el operativo que se ejecutó no violaron los derechos humanos.
En una serie de tres votaciones resolvieron por mayoría que las autoridades que se reunieron el 3 de mayo para planear el operativo y autorizar el uso de la fuerza pública no participaron en los hechos violentos, pues no se puede hacer un listado "tan amplio" de participantes ya que se generaría impunidad.
Los ministros que se pronunciaron por señalar como involucrados al mandatario mexiquense y al entonces secretario de Seguridad Pública Federal fueron José de Jesús Gudiño Pelayo, acorde con su proyecto, y lo respaldaron Genaro Góngora Pimentel y Juan Silva Meza.
El resto de los integrantes del alto tribunal consideró que no se puede hacer una "responsabilización universal e indiscriminada", como lo explicó Fernando Franco González Salas y que no puede asignárseles una responsabilidad a quienes no tenían mando directo y efectivo de esas fuerzas, dijo a su vez Ramón Cossío.
Juan Silva Meza expresó que señalar a autoridades concretas es importante para que las autoridades correspondientes condenen o exculpen, y que es la vía correcta para señalar el incumplimiento del Estado en la protección de las garantías individual, para conocer "qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué es necesario fortalecer".
En la séptima sesión de análisis sobre el tema dijo que los nombres y apellidos de los participantes son importantes, y "todas las autoridades que ordenaron y planearon fueron participantes en los hechos, no es posible deslindar a los más altos funcionarios".
