La Presidencia de la República ha incurrido ya en mora al no enviar las ternas para que el Senado escoja a quienes ocupen las sillas dejadas vacantes dentro de diez días por los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel, que llegan al término de su periodo. Es deseable que la tardanza en la presentación de las candidaturas judiciales obedezca a una cuidadosa reflexión para integrar las ternas con las personas más calificadas, y no a que se efectúen negociaciones que impliquen la satisfacción de intereses particulares y no la idoneidad de quienes durante los próximos quince años formarán parte del máximo tribunal del país.
Desde octubre pasado decenas de organizaciones civiles de la más variada dedicación (puesto que la impartición de justicia concierne a todos los habitantes de esta República) y centenares de ciudadanos a título individual, propusieron al presidente Felipe Calderón una suerte de precandidatura ciudadana, a fin de que sea una de las seis personas cuyos nombres y biografías conozca el Senado de la República. No deja de haber una especie de sana ingenuidad en la actitud de los proponentes, a ninguno de los cuales escapa que un proceso de integración de la Corte, es decir, del principal órgano de uno de los poderes de la Federación, está sujeto a intereses creados y regido por reglas que mantienen la decisión respectiva en el cerrado ámbito de las cúpulas partidarias. Pero precisamente por saberlo, su propuesta supone la de airear los procedimientos para designaciones tan trascendentes, comenzando por hacer pública una candidatura, que por ello no se impregna del mal tufo de las que se cocinan en las antesalas palaciegas y en los gabinetes senatoriales.
Las organizaciones y personas aludidas propusieron además de la ventilación del procedimiento, más allá de lo que dispone la Ley, la precandidatura de Jorge Abraham Fernández Souza, un abogado con fecunda trayectoria en distintos ámbitos, incluido el de la impartición de justicia. Parecería una perogrullada hacer esa afirmación, pero se han dado no pocos casos, aun en la actual época de la Corte, que lleguen a ser miembros de la misma, personas versadas en derecho pero absolutamente ajenas a la administración judicial.
Fernández Souza es actualmente magistrado del Tribunal de lo contencioso administrativo del Distrito Federal. Fue miembro del Consejo de la Judicatura de esa misma entidad, y dirigió el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Además de su trabajo como litigante en terrenos como el derecho laboral y el agrario, especialmente, ha tenido un sobresaliente desempeño académico: ha sido profesor en la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde dirigió el departamento de derecho y la división de ciencias sociales y humanidades. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo designó en 1997 delegado en Miguel Hidalgo, y fue asesor jurídico de la Comisión Nacional de Intermediación, encabezada por el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, que consiguió la celebración de los diálogos de San Andrés entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El procedimiento de designación de los miembros del máximo tribunal se halla en el Artículo 99 de la Constitución: "Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República.
"En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo, dentro de dicha terna, la persona que designe el presidente de la República".
Para que los términos constitucionales fueran acatados puntualmente, era necesario que de Los Pinos partieran a Xicoténcatl las ternas el domingo pasado, 15 de diciembre, ya que el Senado, como la Cámara, cierra el actual periodo de sesiones ordinarias el 15 de diciembre. Si los senadores requirieran emplear los treinta días que establece el 99 constitucional para su deliberación y nombramiento, esa Cámara debería reunirse en una sesión extraordinaria en plenas fiestas decembrinas. Si en cambio se apresura, puede realizar aquellas operaciones antes de que la Cámara misma y la propia Corte inicien su receso el 15 de diciembre. Como quiera que sea, aun si hoy mismo fueran presentadas las ternas, es posible, y no será sano, que ese tribunal sesione en la primera quincena del mes próximo con dos sillas vacías.
Otro texto constitucional, la parte final del Artículo 98, avala la conveniente inclusión de Fernández Souza en una de las ternas, pues los nombramientos a que se refiere, "deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica".
