La reforma establece que será infracción 'administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes'. (Archivo)
El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Educación que prohíbe administrar a estudiantes de primaria y secundaria medicamentos en las escuelas sin consentimiento de sus padres o tutores, para tener sin problemas a niños con déficit de atención e hiperactividad.
También cierra la posibilidad de expulsar o negar el servicio a menores que presenten problemas de aprendizaje.
El dictamen aprobado, que pasó al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, busca atender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Prevé sanciones, ya estipuladas en el artículo 76 de la misma Ley vigente, de hasta cinco mil días de salario mínimo.
La senadora María Teresa Ortuño (PAN) incluso señaló que ella es madre de un hijo con déficit de atención y recordó que la iniciativa ha pasado por lo que llamó "una pequeña telenovela legislativa (...). Sé lo que es esto y sé que muchas madres mexicanas sabemos lo que es".
Por su parte el senador Tomás Torres (PRD) indicó que en algunas escuelas sólo se acepta a estos menores si son medicados con Ritalín o Imipramina "cuya sustancia activa, la metilfenidato, se encuentra en el catálogo de estupefacientes de la Ley General de Salud".
Guillermo Tamborrel (PAN) dijo que su partido "está totalmente de acuerdo en prevenir y, en todo caso, de evitar la medicación de educandos por parte de profesores sin la prescripción médica, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes".
La reforma establece que será infracción "administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes".
También se considera infracción "promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes".
Y "expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos".
